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Crímenes sin resolver; investigaciones siguen estancadas

  Por Redacción

Publicado el jueves, 28 de octubre del 2010 a las 14:00


Crímenes sin resolver se acumulan en la lista de muertes violentas en la entidad cuyas indagaciones siguen estancadas

Saltillo, Coah.- Crímenes sin resolver se acumulan en la lista de muertes violentas en la entidad cuyas indagaciones siguen estancadas y sin posibilidades de avance. La Fiscalía General del Estado argumenta que por el sigilo de las indagatorias y la reserva de los casos es prácticamente imposible conocer los avances.

Entre los asuntos que siguen a la espera de ser resueltos se encuentra la muerte de Sonia Sánchez García, de 38 años, ex regidora de Piedras Negras, quien falleció en un tiroteo en el municipio fronterizo en diciembre del año pasado; así como el de la ex directora del Centro SCT Coahuila, Alejandrina Martínez Macías, quien fue encontrada sin vida en su domicilio, el 20 de abril de este año.

Los expedientes sin concluir no terminan aquí. El 17 de junio, el ex director de Bibliotecas, Armando Sánchez Quintanilla, fue victimado cuando salía de su casa en esta capital, así como la muerte del escolta Rodolfo Alvizo Hernández, quien hace casi dos semanas fue muerto a balazos en las cercanías de la colonia Satélite Sur; además de la reciente muerte de los tres integrantes de la familia Siller Galindo, son parte de los expedientes pendientes de la Fiscalía Estatal.

Sin pistas de los victimarios siguen las autoridades que evalúan el caso de la ex edil del municipio de Piedras Negras, que murió cuando aparentemente un grupo de personas no identificadas dispararon contra el restaurante El Charcoal Grill, donde comía el fiscal Jesús Torres Charles, atentado en el que resultó herida la ex funcionaria, quien falleció cuando la atendían en una clínica de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron poco antes de las tres de la tarde, cuando Torres Charles departía en compañía de Chad Foster, de Eagle Pass Texas, y Ernesto Vela, entonces alcalde de Piedras Negras.

Otro caso que sigue pendiente de resolver es el de Alejandrina Martínez Macías, quien en abril de este año fue encontrada con varias heridas producidas, según los funcionarios de la Fiscalía, por un arma blanca. Una lesión a la altura del tórax fue la que le ocasionó la muerte.

En su casa del exclusivo sector Villas de Tulipanes se encontraba su cuerpo, y luego de una serie de investigaciones hallaron cerca de 7 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia nunca fue aclarada, al igual que su muerte que sigue impune.

SÁNCHEZ QUINTANILLA

El 17 de junio, la muerte del ex Director de Bibliotecas en la entidad, Armando Sánchez Quintanilla, estremeció a la población, pues se trataba de un crimen en contra de uno de los funcionarios más serios y con una trayectoria impecable. Fue alrededor de las 7:00 horas cuando un hombre hizo varios disparos, prácticamente a quemarropa, en contra de Sánchez Quintanilla, quien quedó tendido en la cochera de su casa en el sector La Salle, frente a la mira atónita de su esposa, Beatriz Loo de la Garza.

Este homicidio es otro de los que obran en la larga cuenta de incidentes de este tipo que la Fiscalía sigue en resolver y sin llegar a las últimas consecuencias, como ocurre con la muerte del guardia de seguridad Rodolfo Alvizo Hernández.

El hombre recibió por lo menos 30 impactos de bala, tras intentar huir, luego de poner en jaque a los cuerpos de seguridad del estado. De este asunto tampoco hay avances, o al menos los datos siguen sin hacerse públicos.

Hace cuatro días, la arquitecta María Angélica Galindo Sánchez, de 43 años, y sus hijos Ricardo y Karen Siller Galindo, de 14 y 18 años, murieron cuando los efectivos de varias corporaciones, incluyendo la Policía Estatal, Federal y militares, descargaron sus armas sobre la camioneta en la que viajaba esta familia que se dirigía a su casa.

El vehículo blanco y con vidrios polarizados quedó con los vestigios de los 250 tiros que rociaron en la prolongación Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

Aunque las autoridades estatales hablan de un “error” en la táctica, pues las características de la camioneta Avalanche en la que viajaba la familia del ex alcalde Eleazar Galindo Vara coincidían con las de una unidad en la que viajaba un grupo al que perseguían en las primeras horas del domingo 24 de octubre.

La investigación para esclarecer el caso sigue abierta y el propio fiscal Jesús Torres Charles afirma que las indagatorias llegarán hasta las últimas consecuencias y se castigará a él o los responsables.

PODRÍAN EVADIR JUSTICIA POLICÍAS RESPONSABLES

Al no aplicarse medidas preventivas como el arraigo o la detención de los policías acusados de disparar durante un operativo contra la camioneta en la que viajaba la familia Siller Galindo, se corre el riesgo de que él o los policías responsables evadan la acción de la justicia, advirtió el abogado José Guadalupe Martínez Valero.

Con base en su experiencia como abogado y el contacto que tuvo con las corporaciones policiacas al presidir la Comisión de Seguridad Pública en la pasada administración municipal, Martínez Valero señaló que la policía es igual que cualquier ciudadano ante la ley, con el agravante de que por su condición como un grupo altamente especializado, les sería más fácil evadirse.

“Aun cuando son policías y trabajan en coadyuvancia con la autoridad, y cuando cualquiera pensaría que no se van a sustraer de la acción de la justicia quienes resulten responsables; aun cuando pudiera ser grave que se desmantelara ese grupo o la corporación completa, lo lógico y correcto sería que a estas personas se les diera el mismo trato que la ley prevé, porque nada garantiza que no puedan sustraerse de la acción de la justicia.

“Tienen una mayor posibilidad de hacerlo con cierta facilidad porque portan armas, lo que haría mucho más difícil que fueran detenidos en el momento en que se determine que hay
responsabilidad.

“Todos los diarios consignan que cuando menos hubo una voz de alerta de que había civiles en camino al evento que se estaba suscitando, y eso resulta todavía mucho más grave, la negligencia es aún mayor cuando aunado a ello hay un señalamiento de alguien que estuvo en posibilidades de prever un evento tan
terrible”.

¿En términos legales, está actuando correctamente la Fiscalía, se está apegando a derecho o no?

“Yo entendería que no, partiendo de que todos somos iguales ante la ley y estas personas no deberían recibir un trato preferencial o distinto al que recibe cualquier ciudadano en circunstancias similares por el simple hecho de ser policía.

“Si hay una reglamentación por ahí que justifique este hecho que sustente el que no se le dé ese trato, entendería esta situación y no tenía empacho en reconocer que no están equivocados al darles un trato distinto”.

¿Son más duras las penalidades cuando se trata de un servidor público, en este caso también?

“Si pudiera haber agravantes en términos de jurisdicción penal, por ser funcionario público la negligencia se paga de una manera más cara, pero esperaría que en ese tenor se apegara al Código Penal y que se actúe en consecuencia.

¿Es posible que sólo se lleve a juicio a una persona, a quien dirigió el operativo?

“Creo que no, ciertamente tiene una mayor responsabilidad el encargado del operativo, y si de él salió la orden de disparar, o de él fue la responsabilidad de detener el fuego y no lo hizo cuando sabía que venían civiles en trayecto, sin duda alguna de él es la mayor responsabilidad; pero sin duda alguna son tan responsables él como los policías que activaron su arma.

¿POR QUÉ SE AGRAVA EL CASO TRATÁNDOSE DE POLICÍAS?

» Porque existen circunstancias especiales como que el delito se cometió por tres o más personas por acuerdo previo, por motivos fútiles o viles, se ejecutó en una situación de peligro inminente, con un medio que provoque peligro común.

Además de que se cometió con abuso de poder, autoridad o confianza, aprovechando la indefensión de la víctima, y después de que al agente se le advirtió de manera legítima por autoridad competente.

Y en especial porque el delito se cometió siendo miembro o empleado de alguna corporación policiaca municipal, estatal o federal; o de empresa privada de seguridad con o sin registro.

¿POR QUÉ LA PENALIDAD SERÍA MÁS ALTA?

» Porque el delito se comete con premeditación, cuando el agente reflexiona serenamente sobre el homicidio o las lesiones que decide cometer.

Hay ventaja, cuando el delincuente no corre el riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido, con conocimiento de dicha circunstancia.

Hay alevosía, cuando el agente sorprende intencionalmente a alguno de improviso, anulando su defensa, o se aproveche del estado de indefensión de la víctima.

Hay traición, cuando la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del agente, se utiliza como medio para ejecutar el delito.

FUENTE: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA

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