Ciudad de México.- México vive un inédito proceso: desde hace algunos meses se libera paulatinamente a cientos de prisioneros, beneficiados con las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La gubernamental Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estima que en los próximos seis meses cerca de 50 mil reos podrán alcanzar su libertad.

Son personas que enfrentan juicios por delitos no graves, o que fueron sentenciadas a penas menores por esa causa.

Las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio, establecen que sólo los inculpados de delitos graves deben enfrentar los juicios en la cárcel.

Es una clara diferencia del anterior sistema penal donde la prisión preventiva se aplicaba a prácticamente todos, incluso quienes por hambre robaban un pan o una lata de atún.

Las liberaciones provocan controversia. Algunos como la organización Alto al Secuestro temen que reincidan en el crimen muchos de los excarcelados.

Pero otros, como Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ven lejana esta posibilidad.

“En Chihuahua, donde esto ya se ha medido, sólo el 1.8% de los liberados ha regresado a delinquir”, aseguró el investigador.

Y de acuerdo con el comportamiento de las personas con ese perfil delictivo y que han sido liberadas, es previsible que la tendencia se repita a nivel nacional.

INOCENTES… ¿DE NUEVO?

El principio básico del Nuevo Sistema Judicial es que los acusados de cometer un delito son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Esto, que en muchos países es normal, no ocurría en México, donde la mayoría de los jueces ordenaban el encarcelamiento del inculpado.

Uno de los argumentos más frecuentes era evitar la fuga de los procesados.

Pero mediciones como las realizadas por el Instituto de Justicia Procesal Penal indican que los casos son muy pocos.

Sus datos muestran que el 95% de los liberados atienden las audiencias de sus juicios, y del resto sólo el 1% se fuga.

Sin embargo, durante décadas “se utilizó excesivamente la prisión preventiva”, asegura Layda Negrete, investigadora de la organización civil México Evalúa.

Así, miles fueron encarcelados sin necesidad.

“Metían a la persona seis meses a la cárcel por robar un panecillo y al final, cuando se dictaba la sentencia ya habían excedido la pena estando en prisión preventiva”, explicó.

El investigador Zepeda Lecuona afirma que de las 97 mil personas en prisión preventiva para enfrentar un juicio, “el 70% robó menos de 2 mil pesos y sin violencia”.

Los inculpados, si son sentenciados, reciben una condena menor a un año de cárcel que se conmuta por una multa de 800 pesos.

En cambio, la investigación y captura del inculpado cuesta en promedio 12 mil pesos, y el proceso penal 14 mil.

EL ‘NO’ A SU LIBERTAD

Sin embargo, algunos como Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro, aseguran que aumentará la violencia con estas excarcelaciones.

El problema, dice, es que las prisiones mexicanas no rehabilitan a los internos, y en muchos casos los detenidos por primera vez están en contacto con delincuentes de alta peligrosidad.

Actualmente en las 386 prisiones estatales y federales del país existen 254 mil internos, según datos de la propia Secretaría de Gobernación.

Esos datos señalan que de las 372 cárceles de nivel estatal que hay en el país, en el 75% coexisten acusados de delitos comunes y federales, como la delincuencia organizada.

Por eso la preocupación de las organizaciones civiles. “Salen de las cárceles más capacitados para delinquir”, le dice Isabel Miranda.

“Si sueltan a todos los que piden libertad de acuerdo a las nuevas reglas, indudablemente tendremos a 50 mil personas delinquiendo con más experiencia”.

Responsabilidades

¿Es posible que esto ocurra? Las autoridades creen que no. El nuevo sistema de justicia penal establece que los acusados de delitos graves no tienen derecho a solicitar su excarcelación.

Eso incluye a los vinculados a secuestros, homicidios, robo con arma o violencia, narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada, afirman.

Pero además la última palabra la tienen los jueces, lo dice Eduardo Guerrero, jefe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CNS.

“Le corresponde al Poder Judicial determinar si pueden salir estas miles de personas”, explica.

Pero reconoce que existe un problema con la rehabilitación de los prisioneros.

“Es algo que siempre se ha mencionado, que las cárceles son escuelas del crimen.

“No podemos negar que en muchas ocasiones esto pueda ser cierto, que una persona entre por un robo menor, tenga relación con secuestradores y al salir se convierte en secuestrador”.

En el caso de las prisiones federales la CNS tomó previsiones, asegura el funcionario.

“Todos los secuestradores están recluidos en un solo centro penitenciario para que no tengan contacto con los primodelincuentes, y que al rato se especialicen en otras actividades de la delincuencia organizada”, asegura.

Al final es complicado impedir que los excarcelados reincidan en la delincuencia, reconoció.

LM