Monterrey.- Los 21 funcionarios penitenciarios procesados tras la fuga de 29 internos y la muerte de otros 44 el 19 de febrero en el Centro de Readaptación Social de Apodaca, rindieron declaración preparatoria luego de dictárseles órdenes de aprehensión y ser internados en el penal del Topo Chico.

Los detenidos fueron llevados uno a uno a los locutorios del Palacio de Justicia, en donde rindieron sus declaraciones preparatorias y escucharon sus primeras confesiones tras los hechos, luego de que el Juzgado segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado les dictó orden de aprehensión.

El primero en acudir fue el ex director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, quien asumió el control del penal el 27 de mayo del 2011. Enfrenta un proceso por evasión de reos, delitos cometidos en la administración y procuración de justicia, delitos contra la seguridad de un centro de reclusión y delincuencia organizada.

El ex director rechazó recibir 40 mil pesos por brindar privilegios y seguridad a criminales.

En sus declaraciones, dijo que quien mantiene el control de los accesos del reclusorio son miembros del Ejército Mexicano, por lo que dijo que las autoridades deben investigarlos por las drogas, bebidas alcohólicas o telefonía celular y de radiofrecuencia, así como electrodomésticos y privilegios que los internos mantenían en el interior del lugar.

Andrés Martínez rechazó permitir la salida de los reclusos y agregó que es su antecesor quien mantiene una averiguación abierta ante la Procuraduría General de la República por ese motivo, luego de que dos reos federales desparecieron del penal.

Por su parte, Juan Hernández Hernández, subdirector; Óscar Deveze Laureano, jefe de Seguridad, y Marcos Ibarra Pérez, jefe de celadores, luego de escuchar sus primeras confesiones se acogieron al Artículo 20 Constitucional para no emitir declaración alguna.

Los 17 custodios detenidos también fueron llevados a declarar ante el juez penal que lleva la causa; alegaron ser víctimas de torturas por parte de los elementos que los detuvieron a fin de que incluyeran en sus primeras confesiones y datos falsos.

Andrés Martínez se desempeñó durante 6 meses del 2009 como director del penal de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal, periodo en el que se atribuyó una red de protección a tres bandas de secuestradores, unos de ellos mutilaba a sus víctimas que operaban desde el interior del penal. Pese a las averiguaciones en su contra, no se le procesó.

Tras su cese en un operativo al interior del penal, se aseguraron 141 teléfonos celulares, 200 chips; 227 kilos de mariguana, listas de personas susceptibles al secuestro, direcciones, placas de vehículos y listado de próximas víctimas.