Playa del Carmen, Quintana Roo.- La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres y el síndico municipal, Juan Carlos Beristaín Navarrete, presentaron dos denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de Mauricio Góngora Escalante quién fue presidente municipal de 2013 a 2016, así como a su entonces Tesorero, Oficial Mayor y Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento por la probable comisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública.

El municipio de Solidaridad en Quintana Roo es el primer lugar en endeudamiento per cápita del país. El ex presidente municipal, Mauricio Góngora, participó como candidato a gobernador priista en las pasadas elecciones dejando a este municipio con ese nivel de deuda. La nueva presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, emanada de la alianza PAN – PRD comenzó la batalla legal en contra de sus antecesores para deslindar responsabilidades y sancionar culpables.

La denuncia interpuesta en contra de los funcionarios de la pasada administración se debe a que como servidores públicos, y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio; el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la señalada empresa ni entregó tales recursos a la administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.

De la misma forma, se promovió una denuncia por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y/o Encubrimiento en contra de quien fungió como Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Solidaridad. Esto debido a que, en su carácter de servidora pública, expidió constancias laborales a ocho supuestos trabajadores del Ayuntamiento de los cuales no se acreditó su situación laboral. Dichas constancias sirvieron para tramitar créditos fraudulentos ante el INFONACOT, por un monto de 400 mil pesos.

Cristina Torres adelantó que vendrán más denuncias, pero antes se tiene que resolver la parte administrativa. “Una vez hechas las declaraciones, si de las mismas vemos que no se deslindaron las responsabilidades o que estas no fueron aclaradas entonces ya presentaremos las denuncias penales”.

“Somos los más interesados en que esto se esclarezca y que, en su caso, si hay algún daño patrimonial que ese se resarza. Es lo que necesitamos los solidarenses, que si hay algún dinero ocupado o tomado que se regrese a las arcas, porque el municipio tiene muchas carencias derivadas de este tipo de temas. Este dinero se requiere para los servicios públicos”, puntualizó.

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