Ciudad de México.- Una decena de denuncias penales fueron presentadas ante PGR y Procuraduría local en contra de exfuncionarios, incluyendo dos exgobernadores, por el desvío de 3 mil 759 millones de pesos.

Así lo confirmó Silvia Estrada, titular de la Secretaría de Contraloría (Secoem) estatal, en rueda de prensa: “Después de que el gobernador Silvano Aureoles giró instrucciones en este sentido, se interpusieron 10 denuncias ante la PGR por presuntos desvíos de recursos por parte de exfuncionarios públicos”.

La contralora señaló que los nombres de los implicados no se pueden dar a conocer, debido a normas de protección de datos, pero entre ellos se encuentran exfuncionarios de primer y segundo nivel, así como dos exmandatarios de los periodos 2012-2015, por lo que se deduce que presuntamente se trata de Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero.

En el desglose que hizo de las irregularidades, la titular de la Contraloría señaló que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos del régimen de protección social en salud, y también hubo una importante suma que debía ser entregada a los 113 municipio y nunca llegaron los recursos.

Estrada detalló que, derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representan un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos.

También recordó que durante la presentación del “Acuerdo para el ajuste en el gasto público y eficiencia en el gobierno para fortalecer la economía y las finanzas públicas”, Silvano Aureoles instruyó a la Secoem a presentar estos recursos legales para garantizar a la ciudadanía un ejercicio de gobierno apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, preceptos que son fundamentales para reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Tras la investigación correspondiente, se identificó la falta de pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles por 92 millones 155 mil 951 pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, pese a que se realizaron las retenciones a los trabajadores a través de los descuentos respectivos.

De igual manera, tras la auditoría realizada al Instituto de Vivienda estatal, correspondiente al ejercicio 2014 y al periodo de enero a septiembre de 2015, se determinó un daño al erario por mil 590 millones de pesos.

Otro de los asuntos de gravedad identificados corresponde a la falta de pago del Fondo General de Participaciones a los 113 municipios, ocasionando un daño a los ayuntamientos y al erario estatal por 96 millones 807 mil pesos.

Lo anterior ocasionó a su vez un daño al erario de los municipios, el cual asciende a 247 millones 502 mil 129 pesos por haber omitido el pago de sus participaciones.

Es por ello que se instauraron procedimientos administrativos de responsabilidades a los exservidores públicos, mismos que ya fueron resueltos y, por ende, notificados a los mismos.

La instrucción del Ejecutivo estatal, advirtió la titular de la Contraloría, es que “no habrá impunidad”.