Ciudad de México.- Justicia Militar, PGR y CNDH indagan que pasó en el operativo de La Marina el 22 de julio del 2016 en el municipio de Díaz Ordaz porque reportaron un enfrentamiento con secuestradores, pero civiles están acusándolos de exterminio de 25 inocentes, a quienes mataron, calcinaron o desaparecieron.

“El 22 de julio del 2016 en Díaz Ordaz hubo un operativo de La Marina, se llevaron a mucha gente y sencillamente los encontraron muertos, calcinados, en diferentes vehículos, y el día 3 de diciembre a mí me entregaron los restos de mi esposo y mandaron la incompetencia, dijeron que no le correspondía a la PGR investigar ese homicidio”, denunció Angelina Almeida Moreno.

Ella es esposa de Joel Sebastián Cansino, quien asegura fue asesinado y calcinado por elementos activos de La Marina.

La PGR el 3 de diciembre entregó el cuerpo de Sebastián a su esposo y una hoja de incompetencia, pero el 30 de noviembre la fiscal federal Guadalupe Pérez Merinos se aseguró de desaparecer las evidencias.

La fiscal federal del caso ordenó a la Octava Zona Militar destruir las dos armas que encontraron los marinos cerca del cadáver de su esposo y de otra persona calcinada también.

“La Procuraduría del Estado envió ya un oficio de incompetencia a la Federación porque investigó y contamos con las pruebas suficientes que quienes han cometido exterminio en Tamaulipas es la Secretaría de Marina”, aseveró.

Almeida Moreno señaló que los elementos de La Marina tienen que responder por el asesinato de su esposo y de más de 25 personas desaparecidas entre calcinados, muertos y perdidos en manos de La Marina ese trágico 22 de julio.

“La PGR se lavó las manos, es justo que el gobernador voltee los ojos a lo que está pasando en Tamaulipas, un problema de seguridad creciente, pero que vengan las fuerzas federales y cometan exterminio ya es otra cosa”, exclamó.

La viuda recordó que el Grupo de Coordinación Tamaulipas después de la tragedia emitió un comunicado oficial donde reporta que hubo un enfrentamiento entre elementos de La Marina y presuntos secuestradores.

“Nada más que mi esposo no es ni secuestrador, ni criminal ni asesino, él era comerciante y tengo forma de comprobar su forma honesta de vida en Díaz Ordaz y Reynosa; nos dedicamos al comercio de vehículos, refacciones y autopartes, yo estoy dada de alta en Hacienda, llevamos muchas autopartes a México a comercializarlas”, agregó.

Narró que son originarios de la Ciudad de México pero que siente mucha impotencia y coraje por lo que pasa en Reynosa y Díaz Ordaz, donde los marinos acribillan por error a civiles inocentes y les siembran armas o radios para decir que eran sospechosos.

“Las autoridades han abusado de la ignorancia de las personas y creen que todos somos tontos y por eso nos hacen como quieren, ya es hora de que el delegado de la PGR en Reynosa salga y dé la cara y que la ministerio público Guadalupe Pérez Merinos se ponga a trabajar, ella mandó a destruir las armas, esa mujer, esa fiscal con oficio de fecha 30 de noviembre del 2016 mandó a la Octava Zona Militar destruir las dos armas que se encontraron cerca de las personas calcinadas, lamentablemente ya no contamos con esas pruebas ni La Marina ni nosotros, pero se están haciendo todas las diligencias para seguir su curso legal”, enfatizó la viuda, que insistió en toda instancia de justicia.

La Procuraduría de Justicia Militar ya ordenó a la PGR que investigue el caso de la señora, que si es competencia de la fiscalía federal; la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya intervino y hace su indagatoria por su lado.

“El problema que tienen los tamaulipecos es fuerte”, apuntó, “es muy claro que la gente de la PGR los protegieron, fue muy claro, son muchas inconsistencias en supuesta investigación, ustedes como tamaulipecos ya deben poner las piezas en su lugar”.

“Yo si le digo al señor gobernador fuera La Marina de Tamaulipas, están cometiendo exterminio, están cometiendo graves crímenes contra personas inocentes”, recalcó.

“Creo que es hora de que el gobernador saque a la Secretaría de La Marina al menos de Reynosa. Y que el gobierno federal se haga responsable de estos grandes crímenes y nos entreguen a la justicia a los asesinos no solamente de mi esposo, sino de todas las personas que están desaparecidas y calcinadas en Díaz Ordaz”, afirmó.

Agregó que no teme por su vida a pesar de una serie de amenazas telefónicas de personas desconocidas que define como cobardes.

“He recibido amenazas, un cobarde supongo, alguien al que le estorbo por pedir justicia y seguir esta investigación”, concluyó.

Con pancartas en mano, la viuda buscaba hablar con el gobernador ayer en un evento del DIF-Estatal donde estuvo Rigoberta Menchú como conferencista expositora y la presidenta estatal del DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.