San Diego, Ca.- Un sistema de identificación electrónica reveló la verdadera identidad de la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán al intentar ingresar a Estados Unidos, confirmó el agente fronterizo que la detuvo, Alex Vanegas, en un testimonio a la corte.

La declaración del inspector Vanegas fue presentada como evidencia en la Corte Federal en San Diego, cuando Alejandrina Giselle Guzmán Salazar fue presentada este martes en medio de un fuerte operativo de seguridad y sin informar sobre la audiencia a la prensa.

Vanegas detalló que Guzmán Salazar le presentó un pasaporte mexicano con una visa de visitante que de inmediato notó que era falsa, por lo que llevó a la mexicana a una inspección más detallada.

La mujer fue sometida a un sistema de identificación electróncia que compara los iris de los ojos y las huellas dactilares con un banco de datos nacional del Departamento de Seguridad Interior (HSD).

El sistema “vinculó a la acusada con antecedentes en el servicio de inmigración”, reveló el agente en su testimonio.

Momentos después confesaba a inspectores de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que era hija de “El Chapo” Guzmán, que había alterado el nombre en el pasaporte mexicano y que consiguió una visa falsa para intentar llegar a Los Angeles.

Indicó que en esa ciudad planeaba dar a luz y reunirse con el padre de su hijo. La identidad de la persona con quien Guzmán Salazar planeaba encontrarse en Los Angeles no ha sido revelada.

La versión del inspector Vanegas fue presentada en el tribunal por otra agente representante, Elizabeth Rangel, de CBP.

El sistema “Ident” utilizado para la identificación compara en forma automática el iris de los ojos y las huellas dactilares con datos del Departamento de Estado al proporcionar visas, el banco nacional antidelictivo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y del HSD.

Los únicos cargos contra la hija del cabecilla del cártel de Sinaloa son los de tratar de ingresar a Estados Unidos con una visa falsa.

Guzmán Salazar tendrá su próxima audiencia dentro de dos semanas, según la calendarización de la corte federal en San Diego.

Fuente: La Razón