Ciudad de México.- Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz recuperen los recursos que fueron desviados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa con base en los aseguramientos de cuentas bancarias, propiedades y dinero devuelto por dos empresas, el ex gobernador de esa entidad será sujeto a proceso penal sin derecho a enfrentar sus procesos en libertad, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Duarte podría pasar más de 15 años en prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son las acusaciones del ámbito federal, y este martes volverá a comparecer ante un tribunal guatemalteco para escuchar por tercera ocasión todos los cargos por los que el gobierno mexicano solicita su extradición formal.

Este martes a las 12 horas, Javier Duarte tiene una audiencia programada en el tribunal tercero de sentencia penal, donde se desahogará la petición formal de extradición.

Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril en un hotel de lujo en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, por elementos de la policía guatemalteca, Interpol y agentes mexicanos.

El ex gobernador quedó inicialmente a disposición del tribunal quinto de sentencia penal, donde se le decretó la legalidad de su aprehensión y se le informó de una acusación inicial formulada por la PGR en su contra en la que se señala como responsable del desvío de 350 millones de pesos y de haber cometido los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En esa audiencia, el ex gobernador de Veracruz rechazó ser entregado de manera sumaria a las autoridades mexicanas, y esperar a que se presentara la solicitud formal de extradición, para conocer de manera detallada todas las acusaciones en su contra.

Durante su gestión como gobernador de Veracruz, se ha señalado la existencia de múltiples desvíos de recursos, sin embargo, en la petición de detención con fines de extradición, las autoridades mexicanas únicamente mencionaron de manera cuantificable, un monto de 350 millones de pesos que fueron entregados de manera ilícita a más de 40 empresas fachada (es decir, constituidas pero que nunca operaron).

La orden de aprehensión obtenida en su contra en el ámbito federal y que fue librada por un juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, refiere los 350 millones de pesos fueron entregados por el gobierno federal a las autoridades veracruzanas y éste debió aplicarse para cuestiones de educación y salud, entre otros rubros.

Dos mujeres que fueron cómplices de Javier Duarte ya fueron sentenciadas a tres años de prisión al ser encontradas culpables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en el caso de Javier Duarte de Ochoa se agregó el ilícito de delincuencia organizada, un delito que es considerado grave y por lo tanto no tendrá derecho a la libertad bajo fianza.

Aunque Javier Duarte pudiera pagar o devolver los recursos que desvío o utilizó de manera indebida, al considerar que los bienes y cuentas aseguradas alcanzaran para ello, la responsabilidad penal y la multa que se le imponga no están canceladas, por eso permanecerá en prisión, señalaron las autoridades entrevistadas.

Lo anterior, dijeron, viene a colación porque en este caso, dos de las empresas que recibieron dinero desviado del erario veracruzano, se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y decidieron cooperar con las autoridades y devolver los recursos que utilizaron para sus operaciones.

En noviembre de 2016, la PGR entregó 250 millones de pesos, de un total de 421 millones de pesos, al gobierno de Veracruz, las compañías y el resto fue devuelto en enero de este año.

Mañana, durante la diligencia en el tribunal tercero, se informará de manera pública a cuánto asciende el monto que el gobierno de Veracruz le imputa haber desviado a Javier Duarte.