Ciudad de México.- Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, donde el exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia el pasado domingo , fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte.

La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.

La red que permitió desviar los recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el mejor de los casos los domicilios existen pero sólo se trata de habitaciones en la mayoría de los casos.

El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez).

Brades acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.

Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.

Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas? De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos públicos. (Con información de Animal Político y Reforma)

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