México, D.F.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró grave la presentación de Edgar “N”, alias El Ponchis, de 14 años, por parte del Ejército a los medios de información, pues se violó su derecho de presunción de inocencia.

El adolescente fue acusado de pertenecer al crimen organizado, de delitos contra la salud y homicidio culposo- por parte de elementos de la 24 Zona Militar y su posterior exhibición ante los medios de comunicación es una violación a la normas y tratados internacionales como lo estipula el Artículo 40.2.VII de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La CDHDF opinó que cuando a una persona se le imputa un delito no puede ser exhibida por policías, militares o agentes del Ministerio Público ante los medios de comunicación porque no ha comparecido ante un juez para que éste decida si hay materia de procesamiento.

La persona no puede ser presentada para ser interrogada por policías o soldados, incluso de reporteros, porque se relacionan con los hechos que se le imputan y por lo tanto son un atentado contra el derecho que tiene la persona de no
declarar en su contra, se dijo.

En un comunicado, el organismo indicó que aún en casos severos, una persona como el joven detenido en cuestión solo puede ser vista por los medios de comunicación de acuerdo con las reglas procesales que rigen el principio de publicidad del procedimiento penal y por lo tanto en ninguna circunstancia puede ser puesta delante de las cámaras, ya que cuando comparece en una audiencia judicial se encuentra protegida por la autoridad.

Explicó que todo inculpado tiene el derecho de no reconocer los hechos que se le imputan ni siquiera frente al tribunal y si así lo hace, las reglas del proceso están diseñadas para que ni aún el reconocimiento de unos hechos sean directamente consideradas como pruebas.

Destacar que un interrogatorio realizado por policías u otros servidores públicos o por reporteros ante cámaras de televisión no debe de tener ninguna relevancia en el proceso penal, sin embargo, refleja una falta de control grave por parte del Ministerio Público frente a su deber de garantizar los derechos constitucionales de una persona imputada.

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