El escándalo que opaca a la Casa Real Española

Madrid, España.- A lo largo de sus más de 36 años de reinado, Juan Carlos I de Borbón se ha enfrentado a situaciones difíciles como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 del coronel Tejero, la quema de banderas españolas y de fotografías suyas por parte de independentistas catalanes, y el divorcio de su hija la infanta Elena. E incluso también se ha convertido en protagonista de situaciones embarazosas, como cuando le espetó el famoso “¿por qué no te callas?” al presidente de Venezuela Hugo Chávez, o como cuando le descubrieron cazando osos en Rusia que previamente habían sido drogados para facilitar la captura.

Sin embargo, nunca ni él ni ningún miembro de la Familia Real se habían enfrentado a los tribunales. Ahora, por primera vez en la historia de la joven democracia española, su yerno, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, podría verse sentado en el banquillo de los acusados si, como parece, finalmente es imputado en un caso que está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción. En el que se le acusa de apropiación indebida, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración por más de 20 millones de dólares (16 millones de euros).

La noticia, que ha escandalizado a la sociedad de este país, no ha sido desmentida por la Casa Real, que como es habitual ha argumentado que no comenta informaciones de la vida privada de sus miembros. Pero sí ha hecho temblar los cimientos del Palacio de la Zarzuela, residencia de los reyes, quienes ya han tomado cartas en el asunto y se han apresurado a desvincular a Urdangarín de la familia real.

Mientras el caso se aclara, ni él ni su esposa la infanta Cristina tienen previsto participar en ninguna acto público representando a la Casa Real. E incluso es posible que esta Navidad no viajen a España desde Washington, donde residen desde hace dos años, para evitar que se les fotografíe en alguna salida pública o junto a los reyes. El propio Iñaki se disculpó ayer por el escándalo: “Lamento profundamente el grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tiene que ver con mis actividades privadas”.

El apoyo de la reina Sofía

Sin embargo, aunque la Casa Real no ha mostrado su apoyo al duque de Palma, la reina Sofía sí lo ha hecho. Hace unos días viajó a Washington a visitar a su hija y a su yerno e incluso se dejó fotografiar junto a la pareja saliendo de su casa en Estados Unidos, en un gesto interpretado como un apoyo implícito a Urdangarín.

El rey, en contraste, no ha aparecido públicamente con Urdangarín, pese a que se reunió con él nada más conocerse la noticia, ni ha hecho ninguna declaración al respecto. Dicen quienes le rodean que el monarca está muy preocupado por la situación. Está consciente de que su figura, a quien tanto historiadores como responsables políticos atribuyen en gran medida, el éxito de la tersa y compleja transición a la democracia que vivió este país tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, sigue siendo muy valorada por la mayoría de los ciudadanos. Pero también sabe que España es un país “juancarlista” en el que la joven institución de la monarquía es cada vez menos valorada, sobre todo entre los jóvenes, y que su hijo Felipe no es tan querido ni valorado como él.

Según la Agencia Tributaria, entre los años 2003 y 2007 el marido de la infanta Cristina ingresó más de 16 millones de euros, la mayoría procedentes de la administración pública, a través del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos, una sociedad “sin ánimo de lucro” que él mismo creó y presidió.

Valiéndose de su parentesco familiar con el monarca, Nóos captaba fondos públicos y privados y los desviaba a una red de empresas particulares que eran propiedad del propio Urdangarín y de su socio principal, Diego Torres. De esta manera, logró contratos millonarios “a dedo”, la mayoría “inflados”, muchos de los cuales le concedieron el gobierno autonómico de las Islas Baleares, del conservador Jaume Matas, y el de Valencia, del también conservador Francisco Camps, y muchos de cuyos miembros están imputados en una enorme trama de corrupción que afecta al Partido Popular (PP): la trama Gürtel.

Como el propio Torres reconoció ante el juez, el Instituto Nóos se encargaba de organizar eventos deportivos, foros sobre turismo y deporte y asesorías; y cobraba por los servicios prestados a través de otras empresas que poseían como la consultoría Aizoon.

Las cuentas del Instituto Nóos

Según la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto Nóos obtenía un 170% del beneficio respecto al coste real de los mismos. Por ejemplo, ganó casi 1.5 millones de euros de los 2.3 millones que cobraron al gobierno balear por organizar en Palma de Mallorca dos congresos sobre turismo y deporte que duraron cinco días. Cantidad a la que se sumó la aportada por otras empresas privadas que actuaban de patrocinadores como la cadena hotelera Sol Meliá y Air Europa.

Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarín, Diego Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto. Diego Torres lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos. Pero la infanta Cristina, que figuraba como vocal de la junta directiva de Nóos hasta 2006, no será imputada porque los investigadores consideran que estaba “apartada del conocimiento del área financiera”.

Ante el escándalo que ha supuesto la noticia en España, al igual que ocurre en otras casas reales europeas, el Palacio de la Zarzuela tiene preparado un plan en el caso de que Urdangarín sea finalmente imputado antes de dos meses, como se espera. La infanta Cristina, que ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria al trono después del príncipe Felipe, sus dos hijas, la infanta Elena y sus dos hijos, renunciaría a los derechos dinásticos. Con este gesto, la hija menor de los reyes dejaría de ser miembro de la familia real para ser sólo hija de los reyes. Quedaría apartada de la vida oficial y dejaría de recibir la asignación que el rey le entrega del dinero que recibe de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, sería infanta como lo son sus tías Pilar y Margarita, hermanas de Juan Carlos. Pero no tendría ningún privilegio más. A no ser que se divorcie, igual que hizo su hermana, la infanta Elena, algo que no parece muy probable. Tampoco los partidos políticos han querido comentar la noticia hasta que los tribunales se pronuncien. Sólo Izquierda Unida (comunistas y republicanos, IU) de Valencia ha reclamado abiertamente una respuesta pública del duque de Palma en una carta en la que le exigen “que colabore con la justicia aportando toda la documentación e información que se le requiera y, sobre todo, que devuelva los fondos públicos que le fueron otorgados en su momento y que, según se ha sabido recientemente, acabaron en empresas vinculadas a usted y a su esposa, la infanta Cristina”.

El resto de los partidos han preferido esperar para opinar. Aunque todos son conscientes del daño que las acusaciones han causado en la reputación de una joven y cada vez más débil monarquía española.

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