Ciudad de México.- La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morla, el secretario de Electorales, Octavio Martínez, y la secretaria de Formación Política, Mara Cruz, presentaron una denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por supuestamente haber recibido recursos de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

“Es por esta información que ha llegado a México respecto a que esta empresa brasileña Odebrecht habría dado recursos a Lozoya, pero durante la campaña, cuando él era coordinador de un área de la campaña y eso implica vinculación con la campaña electoral de Enrique Peña Nieto”, explicó Mojica Morla.

En su edición 2128, Proceso publicó un reportaje especial elaborado por Quinto Elemento Lab, en el que reveló que en testimonios jurados de tres altos funcionarios de Odebrecht acusados de haber hecho sobornos a funcionarios públicos en todo el mundo a cambio de contratos de obra pública, el nombre de Lozoya Austin aparece como el que solicitó y recibió, primero cuatro millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.

“Cuentan que era a manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”, según el texto.

Además, dice que en marzo de 2012, Lozoya Austin se reunió con Luis Alberto de Meneses, director superintendente de Odebrecht en México, y le mencionó el nombre de la empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7 y le pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias que llegaron “en cascada”, primero de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares y un día después, de 505 mil dólares.

Entrevistada al salir de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se ubica la FEPADE, la secretaria general perredista dijo que con la demanda exigen una investigación a fondo y que se explique cómo esos recursos llegaron a la campaña de Peña Nieto, lo cual, añadió, “es un asunto muy grave”.

Beatriz Mojica dijo que no es posible que en otros países ya hayan destituido a un presidente y castigado a funcionarios de alto nivel y en México, en lugar de transparentar el caso a la ciudadanía, la PGR reservó hasta por cinco años los informes, reportes e investigaciones de este caso que involucra, principalmente, a Lozoya Austin, quien en 2012 era el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto.

“Por eso nosotros estamos también exigiendo que se transparente toda la información, que debe ser pública, como se está haciendo en otros países”, señaló.

Octavio Martínez, secretario de Electorales, precisó que solicitaron al titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, que investigue el origen del recurso depositado durante la campaña presidencial del 2012 a Lozoya Austin.

“Se presume que este recurso pudo ser utilizado para favorecer la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y no sólo eso, las campañas electorales, porque fue una elección donde también se renovó el Congreso de la Unión y el Senado de la República”, indicó.

De igual manera, pidió que se indaguen los depósitos que fueron hechos al exfuncionario cuando fue director de Pemex.

“Evidentemente, hay identificados contratos para favorecer a esta empresa, Odebrecht, particularmente en Tula, Hidalgo; pero se presume que no es el único contrato, que puede haber más, no solamente ligados a Pemex, sino a otras áreas de la administración pública federal que se deben investigar”, agregó.

El perredista consideró que Peña Nieto sabía de las investigaciones a esta empresa por el gobierno brasileño y por eso decidió sustituirlo como titular de Pemex el 8 de febrero de 2016.

Este escándalo, añadió, “trastoca al Partido Revolucionario Institucional, porque la legislación electoral vigente señala que quien utilice recursos de dudosa procedencia deben de ser sancionados económicamente o, incluso, con el retiro de su registro como partido político”.

Es un hecho “de gran magnitud”, consideró el perredista, quien exigió investigar al PRI que usó este recurso “de 10 millones de dólares que, por ahora están identificados” y que no dudan que existan más, para favorecer al candidato presidencial y a sus candidatos a cargos de representación federal para integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Incluso, recordó que el tope de gastos de campaña presidencial de 2012 fue de 230 millones de pesos, la mitad de los 10 millones de pesos que han sido identificados como que se transfirieron a Lozoya Austin.