Ciudad de México.- A casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.

La recomendación fue dada a conocer en el contexto del Día Mundial de la Justicia Social, fecha en la que el organismo puntualizó en la falta de políticas públicas “adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) vive en pobreza extrema”.

Ejemplo de la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, resultan las omisiones en agravio de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, cuya producción es de exportación pero viven en condiciones de pobreza, de manera que el Estado mexicano contribuyó a la vulneración de sus derechos “a través instituciones que debían garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población”, a los jornaleros agrícolas en general, y “de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular” en las perspectivas estructural y cultural

En un comunicado, la CNDH puntualiza que “acciones, omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, que dieron lugar a la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.

Después de casi dos años de recibir la queja CNDH/6/2015/2338/Q, el ombudsman, Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación, la 2/2017, dirigida al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid; a los secretarios del gobierno federal de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social y Educación, Luis Miranda Nava, Alfonso Navarrete Prida y Aurelio Nuño Mayer, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna.

Entre los hallazgos de la CNDH al realizar la investigación destacan “la falta de coordinación institucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de grupos de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrotes de personas jornaleras”.

La falta de atención de la problemática, apunta, se deriva en parte de la omisión de “hacer un diagnóstico e identificar las causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”.

El organismo recuerda que recibió escritos de queja de hechos ocurridos los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, relacionados con detenciones arbitrarias ocurridas el 17 de ese mes a manos de agentes de seguridad pública estatales y en agravio de más de 200 personas jornaleras, entre ellas 50 menores de 18 años, “quienes habían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extras, turnos dobles o triples; no los afilian al IMSS ni le otorgan prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable”.

Por esos hechos, los visitadores de la CNDH confirmaron el “uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños a viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales”.

La CNDH coincidió con los expertos que elaboraron la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California en que “las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley”.

El organismo recomendó al gobernador armonizar la normatividad estatal en atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico sobre la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros agrícolas para iniciar un programa emergente de trabajo, así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad a incrementar las supervisiones en el Valle de San Quintín y ejecutar las sanciones correspondientes a los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.

Además, solicitó la colaboración del mandatario en la presentación de la denuncia que hará la CNDH contra los funcionarios que incurrieron en abusos durante las detenciones de marzo de 2015, y que el contenido de la recomendación sea divulgado en los medios locales.

Al alcalde y al gobernador se les instruye a indemnizar a las víctimas de las víctimas de las detenciones y brindarles atención médica y psicológica.

A los titulares de Sedesol, STPS, SEP y el IMSS se les instruyó a hacer convenios de colaboración en beneficio de la población jornalera agrícola; incrementar contribuciones para “albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios”, así como la elaboración de censos y la realización de un diagnóstico sobre la situación de las jornaleros agrícolas, impulsar programas de movilidad laboral, prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como hacer convenios para brindar educación a las familias no residentes del estado “atendiendo la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional”.