Ciudad de México.- Dos empresas que proveían supuesta asistencia legal a inmigrantes indocumentados en Nueva York a fin de regularizar su situación migratoria defraudaron al menos a tres mil mexicanos, muchos de los cuales fueron deportados de Estados Unidos.

Según una revisión realizada por el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), tan sólo dos organizaciones: la Asociación Internacional Profesional (IPA) y la Fundación Internacional de Inmigrantes (IIF), defraudaron a más de 24 mil personas, agrupadas en 18 mil casos.

Datos enviados por el NYLAG asentaron que casi 15 mil casos del total son de latinos.

De estos, según una muestra de un tercio de estas víctimas, 16 por ciento son mexicanos.

Así y de acuerdo con estimaciones de NYLAG, al menos tres mil mexicanos fueron defraudadas por estas empresas, que comenzaron operaciones en 1985, aunque no es claro cuándo iniciaron los fraudes y cuyas operaciones fueron suspendidas por autoridades en 2010.

Irina Matiychenko, directora de protección al inmigrante de NYLAG, dijo que los fraudes a migrantes que buscan arreglar su situación migratoria en Estados Unidos suceden todos los días, debido a la desesperación de las potenciales víctimas.

No podemos culpar a los inmigrantes porque están desesperados, porque confían y porque no conocen cómo funciona la ley migratoria en Estados Unidos. Por eso consienten pagar por estos servicios”, afirmó Matiychenko.

Consideró además que estos fraudes repuntan antes de un anuncio sobre cambios a las regulaciones migratorias, como aprobaciones de proyectos de reforma migratoria por una de las Cámaras legislativas, el programa de Acción Diferida o acciones ejecutivas del presidente.

“Podemos esperar una nueva ola de fraudes migratorios y abusos a inmigrantes vulnerables porque se espera una acción ejecutiva del presidente (Barack) Obama, por lo que hay confusión sobre cómo ésta será aplicada y a quién beneficiará. Esto es aprovechado por servicios inmorales”, dijo.

En ese sentido, NYLAG anunció que cuenta con un fondo de 2.2 millones de dólares para restituir recursos a los inmigrantes afectados por los fraudes cometidos por IIF e IPA.

Carlos Salazar Ramírez, originario de Guerrero y quien emigró a Nueva York en 1991, explicó que gastó alrededor de 25 mil dólares para intentar arreglar su situación migratoria con tres diferentes abogados, además de con la IIF.

Unos sólo me prometían que me iban a ayudar y luego salían con cualquier excusa, que no podían o que yo no calificaba para recibir ayuda, y también por culpa de mis patrones, que ya no querían continuar con su ayuda. Yo no podía hacer nada. Pasaba el tiempo y volvía intentarlo”, reveló.

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