En el primer caso de posible discriminación sexual desatado en la historia de Coahuila, Laura Martínez Rivera, titular de la Dirección General para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado, sostuvo que ya iniciaron la investigación en contra del presidente de la liga, que de comprobarse, procedería penalmente apegado al Artículo 383 bis del Código Penal.
Comentó que el procedimiento establece medidas administrativas al tratarse de servidores públicos e incluso personas físicas, “podemos inclusive pedir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público de acuerdo a lo establecido a la ley al incurrir en provocaciones innobles, discriminación, vejaciones con efectos morales o materiales, y las limitaciones o restricción de derechos laborales, según lo que resulte”, explicó Martínez Rivera.
Sumada al castigo económico, de comprobarse la transgresión a la dignidad humana de las jugadoras, la institución puede sancionar a la liga o sus directivos exigiendo la impartición de cursos de capacitación, talleres o seminarios de actualización que promueven la igualdad de oportunidad a empleados públicos, personas morales o físicas, entre otras.
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