Hermosillo.- Roberto Ávila Quiroga, operador intelectual del fraude al fisco federal con un monto superior a los mil 700 millones de pesos, quedó libre luego de cumplir con una condena de 15 meses en prisión en el Reclusorio Oriente Federal No. 5, ubicado en Villaldama, Veracruz.

El ex funcionario y colaborador del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue quien organizó la defraudación al SAT, mediante la condonación de impuestos a 574 contribuyentes con auditorías a modo beneficiando a colaboradores, socios y cómplices del ex mandatario panista.

Darío Navarro Figueroa, delegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, confirmó la libertad de Ávila Quiroga luego de cumplir 15 de los 6 meses que estableció el Juez Décimo de Distrito, que le exigía una condena de seis meses de prisión y 30 días de multa, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

“Él cumplió con sus sentencias, a él se le instauraron aproximadamente 13 o 14 procesos, pero en 10 de ellos fue condenado pero no son penalidades importantes, una vez que cumplió fue puesto en libertad”, explicó.

El delegado dijo que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades que se le imputó no es considerado como grave, por lo que no contempla penalidades importantes, por lo que Ávila Quiroga puede regresar a Sonora y transitar sin problemas con las autoridades.

Señaló que aún quedan pendientes tres procesos jurídicos en tribunales del Servicio de Administración Tributaria.

Según fuentes extraoficiales, las investigaciones por parte del Agente del Ministerio Público Especializado junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda continúan con la fiscalización de impuestos a la cantidad de empresas que se vieron beneficiadas.

Cabe recordar que entre los beneficiarios de la condonación de impuestos resaltó el rancho Pozo Nuevo de Padrés, propiedad de la familia del ex gobernador, los cuales conforman una sociedad rural que adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales, de los cuales sólo pagó 119 mil 970 pesos.

La exención de pagos como la mencionada causaron un daño patrimonial al erario público estatal y federal superior a mil 700 millones de pesos, para beneficiar a 574 contribuyentes, entre ellos empresarios coludidos, políticos del PAN, familiares, socios y amigos del ex gobernador de Sonora.