Brasilia, Brasil.- Prófuga de su país, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega abrirá este miércoles en Brasilia una cumbre de fiscales del Mercorsur con la promesa de denunciar supuestos vínculos del presidente Nicolás Maduro con la saga de corrupción de Odebrecht.

La llegada de esta disidente del chavismo estuvo precedida del anuncio de que Caracas buscará su captura internacional vía Interpol.

Este cruce es el último capítulo de la crisis que aisló a Venezuela de sus socios regionales tras la instalación de una asamblea constituyente con poderes absolutos, considerada por muchos países como una ruptura del orden democrático.

Ortega llegó sonriente a la capital de Brasilia en la madrugada de este miércoles, en medio de un fuerte esquema de seguridad, y dejó en claro cuál era su objetivo: “Voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación”, dijo a periodistas en el aeropuerto.

Ortega había anticipado en una videoconferencia que fue transmitida en México el viernes pasado que tenía detalles de “toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron (con el esquema de Odebrecht), y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”.

La exfiscal arribó a Brasil procedente de Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos la puso bajo protección y le ofreció asilo. Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, abandonaron su país clandestinamente el viernes pasado, burlando las prohibiciones del Maduro, quien en la víspera dijo que solicitará “un código rojo” a la Interpol.

Ortega, de 59 años de edad, fue destituida el 5 de agosto. Seguidora del fallecido mandatario Hugo Chávez, decidió enfrentarse a su sucesor, Maduro, quien la denunció por supuestamente estar involucrada en un esquema de corrupción.

“Andas con la oligarquía colombiana, con los golpistas brasileños. Dime con quién andas y te diré quién eres”, dijo Maduro dirigiéndose a la exfuncionaria.

Su desembarco dejó al gobierno brasileño en silencio, y hasta la propia Fiscalía General de la República (PGR), que la invitó, prefirió no hacer declaraciones acerca del significado político de la visita. Así y todo, en la reunión se sentará junto al fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot.

El gobierno conservador del presidente Michel Temer, que asumió tras el impeachment que el año pasado terminó en la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, ha cuestionado duramente el proceso en Venezuela que desembocó en la formación de la asamblea constituyente y en una ola de violencia que signó a las protestas civiles opositoras y dejó 125 muertos entre abril y julio.

Inmerso en su propia seguidilla de escándalos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato de Petrobras que alcanzó al mismo Temer, a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor, y tiene bajo investigación a Rousseff, Brasil vive un enfrentamiento entre el poder judicial y el político.

“Brasil como un todo, el presidente Temer, y su política externa, realmente está en un momento declinante, perdió mucha de la importancia que tenía en el pasado, pero ganó nuevos actores que están despuntando en el reconocimiento internacional con Lava Jato. Jueces federales, el Ministerio Público (que incluye a la PGR), la Policía Federal tienen un reconocimiento externo importante”, dijo a la agencia de noticias AFP Maruricio Santoro, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rio de Janeiro.

Odebrecht, un escándalo multinacional

Odebrecht exportó ampliamente su modelo de corrupción, basado inicialmente en el pago de sobornos a partidos y políticos para ganar licitaciones trucadas en Petrobras.

La constructora y su filial Braskem aceptaron en diciembre pasado pagar multas por unos 3 mil 500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola. De esa suma, un 10% resarcirá delitos en Estados Unidos, otro 10% en Suiza y el 80% en Brasil.

Durante más de una década, la empresa mantuvo este “esquema de corrupción masiva”, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de “tres continentes”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3 mil 600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.