Washington, EU.- En medio de una vorágine de críticas por sus posibles faltas a los derechos humanos, al interior de Estados Unidos, el Departamento de Estado presentó su informe mundial sobre los Derechos Humanos de 2016 casi en silencio, y sin la presencia del secretario Rex Tillerson, pero sí con la presencia en el documento de “pecados” y fallas en el sistema mexicano.

De acuerdo con el funcionario que lo presentó, “la situación global de los derechos humanos es mixta. En algunos lugares ha habido mejoras (…). También hay lugares en que hubo a un retroceso o, por diversas razones, la situación ha empeorado”.

Es ahí donde entra el nombre de México, ya que en el documento se lanzó una alerta sobre la grave situación que padecen los derechos humanos en el país por problemas persistentes como asesinatos, desapariciones y tortura y poniendo énfasis en la ausencia de estadísticas confiables para entender los problemas.

Durante la presentación de ayer, EU repitió el mismo lenguaje utilizado el año pasado para describir una lista de graves abusos en México desde sus prisiones hasta libertad de prensa.

“Los problemas más significativos sobre los derechos humanos incluyeron el involucramiento de policías y militares en abusos serios como asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones”, dijo el Departamento de Estado.

“Impunidad y corrupción en las policía y en el sistema de justicia permanecen aún como problemas serios. Grupos criminales organizados mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos”, dice el reporte.

Cuestiona métodos

Sin embargo, en su nuevo reporte de 36 páginas de extensión –y correspondiente a 2016– el Departamento de Estado criticó la metodología utilizada por México para compilar datos sobre desapariciones diciendo que ésta impide conocer el tamaño del problema.

“Hubo muchos reportes de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad. Hubo numerosos casos de desapariciones relacionadas con grupos criminales organizados”, dijo.

“En su recolección de datos, el Gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con personas extraviadas, haciendo difícil el compilar estadísticas exactas sobre el tamaño del problema”, apuntó en una sección que no estaba incluida en el reporte anterior.

La dependencia también denunció en este nuevo reporte la ausencia de datos reales para poder entender el fenómeno de tortura.

“No hay registro nacional de casos de tortura, y una ausencia de datos en casos de tortura a nivel estatal”, añade.

Rescata casos

En sus 36 páginas dedicadas a México, el Departamento de Estado hace un repaso amplio de todos los casos más emblemáticos sobre abusos de derechos humanos en México incluyendo la actualización sobre eventos de años pasados como los hechos en San Salvador Atenco de 2006.

También describe la situación de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, de 2014, y destacó el papel del reporte del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su reporte final en donde criticaron el manejo del caso por parte del Gobierno mexicano.

En el documento también se hace un recuento sobre la situación de casos como los de Tlatlaya en el Estado de México y los caso de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán.

Bajo perfil

Al contrario de años anteriores, en que el lanzamiento del voluminoso informe era encabezado por el propio secretario de Estado, el nuevo gobierno republicano optó por colocarlo en la página web del Departamento y convocar a una teleconferencia con un funcionario no identificado.

El papel de Tillerson en este informe se limitó a firmar un prefacio de una página y media donde informó que el documento está destinado al Congreso para servir a los legisladores como una guía sobre el estado de los derechos humanos en todo el mundo.

“Como en años anteriores, el informe documenta una disminución de espacios para la sociedad civil”, dijo el funcionario asignado por Tillerson para la ocasión, a modo de resumen.

En esta nueva edición, el informe traza un panorama de las políticas públicas aplicadas para los derechos humanos, y en líneas generales es una actualización de la edición de 2015 con casos puntuales.

La ausencia de Tillerson en la presentación del informe provocó reacciones inmediatas.

El exsubsecretario de Estado Tom Malinowski recordó en la red Twitter que “cada secretario de Estado desde por lo menos Warren Christopher (en 1977) presentó personalmente este informe”.

Denuncian ‘tortura populista’

Las declaraciones de Trump en favor de la tortura “hielan la sangre” y suponen un desafío al derecho internacional, declaró ayer el relator de la ONU para los derechos humanos en casos de terrorismo, Ben Emmerson.

“Oír al presidente Trump, a los pocos días de su investidura, elogiar las virtudes de la tortura como arma en la lucha contra el terrorismo, y confirmar su voluntad personal de autorizar el uso de la tortura si se le pide, hiela la sangre”, declaró Emmerson ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Eso demuestran un nivel asombroso de preparación para gobernar. Trump quiere reintroducir el uso de la tortura por razones populistas”, explicó. El uso de agua para provocar la asfixia controlada de los prisioneros, un método que internacionalmente es considerado como tortura, fue empleado por la CIA en sus cárceles secretas contra sospechosos de terrorismo durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).

La práctica fue prohibida por el presidente Barack Obama, pero Donald Trump se declaró antes de su elección favorable a su reintroducción, ya que considera que “la tortura funciona”. (AFP)

Toca informe a exgobernadores

El Departamento de Estado de EU destacó las acusaciones por corrupción contra diversos exgobernadores mexicanos –incluido el exgobernador de Veracruz Javier Duarte– en el texto de su reporte anual.

“En octubre, la PGR acusó y emitió una orden de arresto contra el Gobernador de Veracruz quien decidió ocultarse”, afirma el Departamento de Estado.

En su reporte, la dependencia encabezada por Rex Tillerson, destaca también las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación en contra de 14 gobiernos estatales por simular reintegros por más de 8 mil millones de pesos.

“A mitad del año la ASF presentó cargos criminales ante la oficina de la Procuraduría General contra 14 gobiernos estatales por malversación de miles de millones de dólares de fondos federales”, apunta.

“La ASF también investigó a varios Gobernadores estatales, incluyendo a los antiguos gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Las investigaciones continuaban a final de año”.

La sección sobre corrupción abarca 2 páginas del total de 36 que cubre el reporte para México. En ella también hace notar el aval a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción en junio de 2016, y registró las críticas por permitir a los funcionarios ocultar datos de su declaración patrimonial. (Reforma)