Dallas, EU.- El mexicano Humberto Leal García, a quien las autoridades de Texas tienen previsto ejecutar el próximo 7 de julio, notificó hoy a las autoridades carcelarias sus últimos deseos que incluyen tener una abundante última cena.

El reo, originario de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, expresó que el próximo jueves por la tarde, antes de marchar en punto de las 18:00 horas locales hacia la cámara donde recibirá una inyección letal, quiere una cena compuesta por varios platillos.

Leal pidió seis piezas de pollo frito acompañadas con un tazón de salsa de “pico de gallo”, además de seis tacos de carne: tres de carne asada y tres de carne guisada, un plato de la legumbre conocida como quingombó y dos refrescos “Coca Cola”.

Las disposiciones para lo que podrían ser sus últimos alimentos están contenidas en una forma que el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) hace llegar a los reos para conocer sus últimos deseos, días antes de su fecha de ejecución.

En la forma, el reo mexicano nombró también a las cinco personas que quiere que asistan como testigos a presenciar su ejecución.

Leal incluyó en la lista a su abogada Sandra Babcock, a su hermana Mary Tello, a su amigo Tom Waggoner, y a sus amigas Miriam Corvina y Marianne Habilite.

Sin embargo, la forma que recoge las últimas disposiciones del reo está aún incompleta. Leal no ha señalado todavía qué se hará con su cadáver o a quién se le deberá entregar su cuerpo.

Leal cumplió en parte con el requisito protocolario, pese a que él mismo, sus abogados, organismos locales e internacionales, así como gobiernos de diversos países, han pedido a Texas suspender la ejecución, para que el caso sea revisado de nuevo.

La vocera del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Michelle Lyons, informó que Leal ha rechazado hasta ahora conceder entrevistas a la prensa, siguiendo la instrucción de su abogada.

De aceptar hablar con los medios de comunicación, su última oportunidad será un día antes de la fecha prevista para su ejecución.

Leal recibió fecha de ejecución, pese a que es uno de los 51 reos mexicanos sentenciados a muerte en este país que están amparados por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que ordena a Estados Unidos revisar sus casos al haberse violado sus derechos como extranjeros.

Su ejecución, sería la segunda de un mexicano realizada en Texas en franco desafió al fallo de la CIJ, luego de que en marzo de 2008 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinara que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional.

El máximo tribunal judicial del país explicó en su dictamen que solo si el Congreso legislaba para ordenar a las entidades estadunidenses el acatar fallos de cortes internacionales se podría forzar a los estados o a los tribunales estadunidenses a hacerlo.

Hace dos semanas, el senador demócrata Patrick Leahy introdujo una iniciativa de ley para poner fin a ese vacío legal, que ha permitido a Texas y a otras entidades el incumplir con el fallo de la CIJ.

Leal salió de México cuando era niño para establecerse con su familia en San Antonio, Texas. El 11 de julio de 1995, cuando tenía 22 años fue sentenciado a la pena de muerte, tras ser declarado culpable del homicidio y violación de Audria Sauceda, de 16 años.

De acuerdo con la Oficina del Procurador del Condado de Bexar en San Antonio, Leal y Sauceda se encontraron en una fiesta el 20 de mayo de 1994. El mexicano ofreció a Sauceda, quien se encontraba intoxicada pero consciente, llevarla a su casa.

Según las autoridades, unos 30 minutos más tarde, el hermano de Leal, llegó a la fiesta gritando que éste había llegado a su casa manchado de sangre diciendo que había asesinado a una joven.

Varios de los asistentes a la fiesta salieron entonces a buscar a Sauceda en las cercanías y encontraron su cuerpo desnudo tirado en un lote baldío y con un golpe en la cabeza.

Leal se entregó a las autoridades, pero ignoraba que tenía derecho a recibir la ayuda consular de su país y las autoridades nunca se lo notificaron, como están obligadas a hacerlo de acuerdo con los tratados internacionales para el manejo de reos extranjeros.