La pedrera suspendió labores el 31 de mayo de 2010 por orden del Gobierno del Estado para reubicarse a otro lugar alejado de la mancha urbana; sin embargo, recurrió a la instancia judicial con el propósito de ampararse y evitar la salida.
No obstante, el juez dio la razón a la Secretaría de Medio Ambiente, pues Triturados del Noreste previamente firmó un convenio con el Gobierno del Estado en el que aceptaba terminar la extracción de material pétreo en mayo de 2010 y reubicarse.
El convenio firmado por el representante de la empresa se publicó en el Periódico Oficial el 21 de octubre del 2008, documento que definió la resolución que apenas ayer se dio a conocer a la Semac.
Francisco Martínez Ávalos, titular de la secretaría, compareció ante el Congreso del Estado para la glosa del VI Informe de Gobierno, y explicó a los diputados la resolución del juez.
Señaló que la autoridad judicial desestimó los argumentos de la empresa, de manera que deberá retirar la maquinaria que aún permanece en el lugar, además de resolver la situación laboral que mantiene con sus trabajadores.
En el convenio Triturados del Noreste también se comprometió a restaurar los daños ambientales.
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