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ComentarEn entrevista a EL UNIVERSAL, mencionó que en este momento hay diversos factores que inhiben el crecimiento del sector “y el más importante es la falta de seguridad jurídica”.
“No hemos vuelto la mirada a la procuración y administración de justicia en el tema mercantil y civil”, agregó.
Consideró que una de las grandes fallas estructural del país son los registros públicos.
Chávez Presa comentó que el nivel de seguridad jurídica limita la expansión de la banca “porque los ahorradores confían sus depósitos en una institución financiera y ésta debe devolverlos...y responde con una garantía del IPAB”.
El funcionario manifestó que en el instituto hay preocupación por la calidad de los activos.
“Nos sacamos 10 en estabilidad macroeconómica y en disciplina fiscal, pero ahora tenemos que concentrarnos en fortalecer el sistema jurídico”, agregó.
Otro de los elementos que se deben de promover en la banca, dijo, es una mayor competencia entre segmentos porque el cliente tiene necesidades específicas.
Respecto a la solidez del sistema, Chávez Presa afirmó que “no hay ninguna preocupación”, debido a que hay elevados niveles de capitalización.
El vocal del IPAB mencionó que uno de los proyectos que se presentarán en breve es la Ley de Quiebras Bancaria.
De acuerdo con el proyecto de esta legislación, cuya copia obtuvo EL UNIVERSAL, se plantea como primer paso para la quiebra de un banco que el IPAB solicitará al juez la declaración de liquidación judicial; el juez basado en un dictamen emitirá la sentencia de quiebra; el instituto realizará el reconocimiento y graduación preliminar de adeudos, así como la enajenación de activos del mismo.
Como una segunda fase, el juez emitirá la sentencia de reconocimiento y graduación de acreedores; el IPAB iniciará el pago a los acreedores; el juez resolverá en vía incidental impugnaciones sin suspender los actos del instituto y se realizarán operaciones de conclusión, además de declararse la extinción del procedimiento.
Bajo la norma vigente, se registran procesos de liquidación lentos e ineficientes para los intermediarios, que tardan hasta una década para poder concluir el proceso de cierre.
La elaboración de la Ley es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pero participa el IPAB y el Poder Judicial de la Federación.
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