No obstante, pese a que el asunto se ventila tanto con autoridades laborales como judiciales, la empresa propietaria del desarrollo minero no ha indemnizado a las familias de los mineros que perdieron la vida en la explosión y al joven que sobrevivió en este accidente laboral.
Manuel Hernández Rocha, delegado federal de la STPS en Coahuila, precisó que están en pláticas los abogados de la empresa con las familias, sin embargo, esta dependencia ya concluyó su proceso y canalizó todo a la Secretaría de Economía para que a través de la dirección general de minas, se realice la cancelación de la concesión minera.
Afirmó que para la indemnización, en lo correspondiente a la laboral, será la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) la que determine el laudo correspondiente, mientras las sanciones en contra de la empresa por este accidente lo establece la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que aún no ha fijado un monto.
“En el pozo BINSA los inspectores federales concluyeron su labor, se verificó y se encontraron irregularidades que son suficientes para restringir el acceso y de esta manera solicitar la cancelación de la concesión minera”, aseguró el funcionario federal.
Finalmente, mencionó que las acciones por parte de la STPS continúan en la región con el operativo de 100 días para la revisión de desarrollos mineros.
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