Washington.- El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de revocación de parte de la reforma financiera impulsada tras la crisis de 2008 por su predecesor Barack Obama.

La ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street, que el presidente Donald Trump quiere desmantelar, generó un arsenal de normas para evitar excesos del sector financiero de Estados Unidos que desataron la crisis de 2008-2009.

Votada en julio de 2010 a impulsos del entonces presidente Barack Obama, esa ley obliga a los gigantes bancarios a someterse anualmente a tests que miden su resistencia a crisis financieras. Es una forma de evitar quiebras catastróficas como la de Lehman Brothers en setiembre de 2008.

Los grandes bancos tienen también que hacer un “testamento” que permita su ordenado desmantelamiento si quiebran y no pueden devolver dividendos a accionistas sin el permiso de la Reserva Federal (Fed).

Esta ley, un mamotreto de 2.300 páginas que es un dolor de cabeza para Wall Street, apunta especialmente a los bancos considerados “demasiado grandes como para quebrar”.

Se trata de entidades que si quiebran desatarían un sismo en el sistema financiero que requeriría hasta un rescate con fondos públicos.

Tras varias demoras y a pesar del intenso cabildeo de Wall Street, se empezó a aplicar una norma clave, la llamada regla Volcker que prohíbe a los bancos especular por cuenta propia. Esa regla estaba en la mira de Trump.

La ley que debe su nombre a los legisladores demócratas Barney Frank y Chris Dodd tuvo varios retrasos y no ha sido aplicada totalmente.

La llegada de Trump a la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Congreso son señales claras de que este arsenal legislativo tiene los días contados.

“Vamos a recortar mucho de la ley Dodd-Frank. Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dodd-Frank”, dijo Trump este viernes.

Los republicanos ya le habían propinado esta semana un primer golpe a esa ley. Derogaron una norma que obligaba a las petroleras y mineras a divulgar la cantidad de dinero vertida en el exterior como forma de evitar acusaciones de corrupción.

Con información de EFE y AFP