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México, DF.- Durante el gobierno de Vicente Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo abiertas tres averiguaciones previas: una contra Manuel Cavazos Lerma, entonces ex gobernador de Tamaulipas, y el entonces gobernador Tomás Yarrington. Las otras dos eran sólo contra Yarrington.

 En las tres, las imputaciones contra ellos son graves y directas. Ambos políticos han sido perseguidos durante más de una década por su negra fama.

 Pistas clandestinas construidas con recursos públicos en ranchos de narcos, miembros de sus equipos de gobierno acusados de haber trabajado directamente para Humberto García Ábrego, jefes policiacos que combinaban su trabajo con el tráfico de droga y aceptación de sobornos provenientes del narco, son algunos de los señalamientos asentados en las averiguaciones.

 De acuerdo al contenido de las tres averiguaciones previas, la dependencia responsable de hacer la investigación fue la AFI, encabezada entonces por García Luna.

 Los partes informativos realizados por dicha agencia revelan que la investigación se hizo con premura y de forma dolosamente descuidada.

 La exoneración de Cavazos Lerma y Yarrington se basó en testimonios de personas anónimas que supuestamente entrevistó el equipo de García Luna en Tamaulipas. La AFI le aseguró a la PGR que no había indicios para sustentar la acusación.
 
LAS DENUNCIAS

La primera averiguación contra los dos ex gobernadores data de 1999 (608/MPFEADS/99), cuando Manuel Cavazos Lerma todavía gobernaba Tamaulipas y Yarrington era el candidato del PRI a la gubernatura.

 Ernesto Zedillo era presidente y Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR.

 Todo comenzó el 18 de septiembre de 1998, cuando la delegación de la PGR en Tamaulipas abrió la indagatoria 146/DGMPE”B”/98 a raíz de una denuncia hecha por José Luis González Meza contra Cavazos Lerma y Yarrington. Los acusó de peculado y delitos contra la salud.

 González Meza es un reconocido escritor en Tamaulipas. En 2010 participó como candidato independiente en las elecciones de gobernador. Obtuvo 25 mil votos que fueron anulados porque el Instituto Electoral del estado le impidió su registro.

 El 16 de octubre de 1998, González Meza se presentó a ratificar su denuncia. Afirmó que Cavazos Lerma tenía como director de Supervisión de la Policía Judicial del Estado a su primo Miguel Ángel Lerma Elizondo, quien había sido socio y administrador de Juan García Ábrego en la empresa Prodecomsa.

 González Meza también señaló que el primer procurador del gobierno de Cavazos Lerma fue Raúl Morales Cadena, cuyo padre era abogado defensor de conocidos personajes ligados a la delincuencia organizada, como el legendario Juan N. Guerra,.

 El escritor denunció ante la PGR que García Ábrego tenía siete órdenes de aprehensión en Matamoros, Tamaulipas, pero “jamás fue aprehendido a pesar de que se paseaba en Tamaulipas como en su casa y pasaba largas temporadas en Méndez en donde vivía con una de sus esposas y un hijo”.

 Declaró ante el Ministerio Público que había “predios de conocidos narcotraficantes en donde existen pistas clandestinas utilizadas por aviones procedentes de América del Sur repletas de cocaína. Las citadas pistas son construidas por el Gobierno del Estado y algunos municipios”. Un ejemplo fue el rancho “El Saucito”.

 Aunque la averiguación permaneció abierta, no se hizo absolutamente nada por investigar si las acusaciones tenían sustento o no.

 Vicente Fox tomó posesión el 1 de diciembre de 2000, y durante sus tres primeros años de gobierno, no se investigó la denuncia presentada contra los dos priístas.

EXONERADOS

Durante su administración, Vicente Fox estableció una cercana relación con Tomás Yarrington, quien fue electo gobernador de Tamaulipas en 1998.

 Hay quienes incluso afirman que el tamaulipeco hizo generosos regalos a Fox, como caballos y ganado fino.

 Desde que era gobernador, se sabía que Yarrington aspiraba a ser candidato del PRI a la Presidencia en las elecciones de 2006.

 En 2003, la FEADS se convirtió en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), y la averiguación previa pasó a su jurisdicción. Aun así, la investigación siguió en pausa.

 Súbitamente, el 14 de enero de 2004, meses antes de que Yarrington terminara su mandato como gobernador de Tamaulipas, el agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la UEIDCS ordenó a Genaro García Luna, titular de la AFI, que designara personal para realizar “una exhaustiva investigación de los hechos” que dieron origen a la averiguación previa 608/MPFEADS/99 contra Cavazos Lerma y Yarrington.

 Esto fue seis años después de que Luis González Meza presentara la denuncia. Faltaban pocos meses para que Yarrington terminara su mandato como gobernador de Tamaulipas. La AFI no investigó los hechos, práctica dilatoria que facilitó que desaparecieran las pruebas que pudieran existir.

 Fue hasta enero de 2005, siete años después de que se abrió la averiguación previa, cuando el agente del Ministerio Público adscrito a la UEIDCS volvió a ordenar al titular de la AFI que designara agentes para realizar una investigación “minuciosa”. 

En un mes, los “eficientes” elementos designados por García Luna resolvieron a favor de los dos acusados una investigación que tardó siete años en arrancar.

LA PROTECCIÓN

En un “informe de investigación” –con información de la Procuraduría de Tamaulipas– fechado el 22 de febrero de 2005, se afirma que se resolvió el “no ejercicio de la acción penal” sobre los presuntos delitos electorales cometidos por Yarrington en su campaña.

 El sentido común hace pensar que era prácticamente imposible que el propio Tomás Yarrington, ya como gobernador, permitiera que se emitiera un fallo en su contra.

 Las unidades internas de la UEIDCS respondieron que no habían encontrado antecedentes relacionados con el rancho “El Saucito”. Pero que sí localizaron una averiguación previa en la que estaba involucrado Jaime Yáñez Cantú, comandante de la Policía Judicial de Tamaulipas.

 En marzo de 2005, el general brigadier de Justicia Militar Jesús Gabriel López Benítez afirmó que en sus archivos no encontró antecedentes de que personal militar hubiera hecho una incautación de droga en “El Saucito”, y tampoco sobre una pista de aterrizaje y equipo del municipio.

 El 18 de abril de ese año, los agentes designados por García Luna presentaron un nuevo “informe de investigación”.

 Aseguraron que intentaron localizar los más de 22 ranchos donde presuntamente existían pistas de aterrizaje clandestinas usadas por los narcotraficantes y construidas con recursos públicos, según la denuncia presentada por Luis González Meza ocho años antes.

 Una misión casi imposible después de tanto tiempo.

 La investigación realizada por la AFI protegió a Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington.

 De acuerdo a los documentos, ni siquiera fue posible localizar la mayor parte de las propiedades. Y aunque algunas sí fueron ubicadas, los agentes no pudieron ingresar, por lo que desde lejos llegaron a la conclusión de que no había pistas clandestinas.

 Incluso utilizaron testimonios anónimos para corroborar que en dichos ranchos nunca pasó nada irregular.
 
SIN CASTIGO

La PGR volvió a ordenar a la AFI, todavía dirigida por García Luna, que hiciera una investigación sobre las acusaciones contra los indiciados.

 De nueva cuenta, la investigación se basó en testimonios anónimos tomados al azar que supuestamente dieron fe de la “buena” reputación de Yarrington.

 El 16 de febrero de 2005, los elementos de la AFI presentaron su informe.

 De acuerdo con la resolución de la PGR, los informes de la AFI fueron determinantes para exonerar a Tomás Yarrington y otros coacusados.

 Yarrington concluyó su sexenio a fines de 2004. Y, para su buena suerte, el gobierno de Vicente Fox lo exoneró de la acusación de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico.

El 31 de marzo de 2005, el Ministerio Público de la PGR determinó mandar al “archivo definitivo” la averiguación previa.

NUEVA AVERIGUACIÓN

El gobierno de Felipe Calderón tiene abierta una nueva averiguación previa contra Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y el también ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

 A finales de enero se reveló que la PGR emitió una alerta a los aeropuertos del país para que informaran inmediatamente sobre los viajes de Cavazos Lerma, Yarrington y Hernández Flores, así como de 46 personas más, entre colaboradores y familiares.

 La acusación contra Yarrington se sustenta en una investigación que realiza la DEA, agencia que cuenta con información de que el ex gobernador recibía dinero del narcotráfico.

 Por eso, esta semana subieron de tono las descalificaciones mutuas del PRI y el PAN.

El PRI acusó a Calderón de querer intervenir en las elecciones, y el PAN presentó una denuncia penal por los 25 millones de pesos en efectivo que pertenecían al Gobierno de Veracruz.

 La guerra de lodo ya empezó, y el PRI tiene a su favor la actuación del primer presidente panista de México, Vicente Fox.

 La embestida de Calderón es cuesta arriba. No sólo porque Fox exoneró a Cavazos Lerma y Yarrington. Sino también porque el jefe de la AFI en el sexenio pasado, Genaro García Luna, es hoy el secretario federal de Seguridad Pública y uno de los hombres más cercanos al Presidente.

 Irónicamente, ahora García Luna es el responsable de realizar las pesquisas contra los tres ex gobernadores que él mismo exoneró.

Acusan a Yarrington de lavado de dinero

A través de un mensaje de texto enviado vía celular a un hombre detenido por la DEA, un grupo de la delincuencia organizada acusa al ex gobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington de lavar dinero para otra organización y de estar involucrado en el asesinato del candidato del PRI al gobierno tamaulipeco, Rodolfo Torre Cantú.
 
Según la declaración que hizo el agente de la DEA Stephen A. Parkinson ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, además del mensaje de texto, hay cuatro testigos protegidos que advierten de la conexión de Tomás Yarrington con la organización criminal.

 El agente Parkinson testimonió para que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) obtuviera la orden de aprehensión contra Antonio Peña Argüelles, detenido la semana pasada en Laredo, Texas, bajo el cargo de lavado de dinero.

 En el acta para la Corte, el investigador Parkinson dice que la vinculación del ex gobernador tamaulipeco con la delincuencia organizada fue documentada por él desde el año 2000.

 Que en su investigación de lavado de dinero, obtuvo libros contables donde encontró la entrada y salida de millones de dólares al sistema bancario estadounidense.

 Y que ese dinero era de cuentas de Antonio Peña Argüelles y Yarrington.

 También señala que el 29 de noviembre del año pasado, la investigación llegó a un punto crucial.

 Y es que ese día fue localizado el cadáver de Alfonso Peña Argüelles, hermano mayor de Antonio Peña Argüelles, quien fue detenido por la DEA la semana pasada.

 El cuerpo de Alfonso, que tenía rastros de tortura, amaneció en el monumento a Cristóbal Colón en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

 Y junto a él, había una manta donde acusaban al hermano de la víctima, a Antonio Peña Argüelles, de ser el contacto entre Tomás Yarrington y el crimen organizado para el lavado de dinero.

 También lo acusaban de haberse quedado con 5 millones de dólares de ese grupo delincuencial.

 Dinero que Antonio Argüelles debió entregar a los políticos de Tamaulipas para que brindaran protección al grupo, que hasta antes de 2010 era integrado por las dos organizaciones.

En la manta, también aseguraban que Antonio Peña Argüelles, el ex gobernador Tomás Yarrington y un líder del cártel habían ordenado el homicidio del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú.

 Pero desde antes de la aparición de esa manta, la acusación contra Yarrington por tener nexos con el narcotráfico ya eran parte de una investigación de la DEA.

 Así que la averiguación no sólo está fundamentada en la manta encontrada junto al cadáver de Alfonso Peña Argüelles.

 Ya el agente Parkinson, desde el año 2000, había documentado la relación entre Antonio Peña Argüelles y Tomás Yarrington, así como sus actividades de lavado de dinero para el grupo de la delincuencia organizada.

 Además de estas pesquisas y de la manta, el mismo 29 de noviembre, la DEA obtuvo un mensaje de texto enviado vía celular por el segundo de a bordo del cártel a Antonio Peña Argüelles.

  Y en este mensaje, transcrito en su totalidad en el acta de arresto de Antonio Peña Argüelles, el mando confirma tanto la investigación del agente Parkinson, como lo que decía la manta.

 El texto del mensaje que obtuvo la DEA gracias a un informante protegido muy cercano a Antonio Peña Argüelles, es una prueba más contra el ex gobernador Yarrington.

 Literalmente, el mensaje de texto enviado a Antonio Peña Argüelles dice en su parte medular: “(…) Además, tu hermano (Alfonso) ha estado diciendo aquí, que tú y Tomás Yarrington, junto con (Eduardo) Costilla asesinaron al candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú porque él afectaba los negocios de construcción y estaba patrocinado.

 “De cualquier modo, lo mataron sin razón, tú y tu hermano siguen aquí y ustedes no lograron nada y recuerda, que mientras esa persona esté viva, en cualquier momento te van a matar.

 “No habrá lugar seguro para ti, Don Toño, así que buena suerte. No seas un idiota y pon atención a quién le robas y respecto al candidato, fue por los negocios que tienes con Costilla, Tomás y Osiel. Tu hermano también me dijo sobre los nombres falsos de las propiedades que tienes y también sé que están en Laredo, Texas y en San Antonio”.

 Además del mensaje, las fuentes confidenciales del agente de la DEA involucran al ex gobernador.

 El primero de ellos, un hombre de negocios cercano a Antonio Peña Argüelles, describe a éste como un contacto entre políticos mexicanos y mandos de cárteles.

 Una segunda fuente confidencial de la DEA, que el agente Parkinson describe como un testigo que aportó información veraz para la aprehensión de otros narcotraficantes, también involucra al ex gobernador. La fuente relata que a principios de 2000, Antonio Peña Argüelles comenzó a recibir grandes cantidades de dinero a cambio de ganar influencia política en el Gobierno de Tamaulipas.

 El testigo protegido dice que esa relación empezó durante la campaña para gobernador de Tomás Yarrington, y luego continuó con otros candidatos del PRI para ocupar posiciones gubernamentales en Tamaulipas.

 Las fuentes confidenciales tres y cuatro también relacionan al ex gobernador de Tamaulipas con Antonio Peña Argüelles.

 Incluso, el tercer testigo protegido, que fue empleado de Peña Argüelles, dice que estuvo presente en una discusión por dinero entre su jefe y Yarrington.

 Que durante 2008, Antonio Peña Argüelles se reunió con Yarrington varias veces en una casa ubicada en San Antonio, Texas, debido a un desacuerdo sobre cantidades de dinero.

 Y que después de esas reuniones con el ex gobernador de Tamaulipas, Antonio Peña Argüelles le instruyó que fuera cuidadoso y que no hablara acerca de lo que había presenciado en aquella casa de San Antonio.

 Así que con estos testigos de la DEA, con la manta encontrada el 29 de noviembre junto al cuerpo de Alfonso Peña Argüelles y con el mensaje de texto para Antonio Peña Argüelles, Tomás Yarrington tiene una investigación en curso que lo incrimina por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

  También está el testimonio de Omar Durán Perales, ex funcionario estatal de Tamaulipas durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, quien declaró que el gobernador protegía el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y el contrabando de armas hacia México.

  Ahora es Tomás Yarrington, sucesor de Cavazos Lerma, está en el ojo del huracán.