Entrevistada en la Secretaría de Gobernación (Segob), la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, Elizabeth Yáñez, destacó que se han inhabilitado a más de 500 servidores públicos y propuso una revisión de la Ley de responsabilidades para establecer que las multas sean proporcionales a los ingresos del funcionario para que sea viable la multa económica.
"Cuando se confirman casos de corrupción se da vista a la PGR, y la atención es directa cuando se detecta al funcionario en flagrancia como ocurre con el usuario simulado", indicó.
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