El Debate | Ginebra, Suiza.- Primero, la Fuerza Aérea Siria dejó caer bombas de barril sobre un convoy de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, luego disparó cohetes desde aviones y después disparó a los sobrevivientes con ametralladoras, según señalaron investigadores de la ONU en un informe que indica que las fuerzas gubernamentales no solo llevaron a cabo este ataque en septiembre, sino que lo hicieron deliberadamente, en lo que constituye un crimen de guerra.

El ataque, en el que murieron 14 personas y que despertó la ira internacional, fue “meticulosamente planeado” y “cruelmente llevado a cabo”, dice el informe publicado el 1 de marzo en The New York Times. Añade que el ataque es “uno de los más atroces” entre los muchos crímenes de guerra que fueron cometidos durante la ofensiva de cinco meses del gobierno para asegurar el control completo de la ciudad de Alepo, al norte del país.

El convoy de 31 camiones organizado por las Naciones Unidas y la Media Luna Árabe Siria llevaba comida, medicamentos, ropa para niños y otros bienes humanitarios destinados a las familias en las zonas controladas por la oposición, y se trasladaba con el conocimiento y permiso del gobierno.

El informe emitido el miércoles encontró que tanto el gobierno como las fuerzas rebeldes han cometido crímenes de guerra, lo que corrobora muchas de las peores acusaciones hechas por los residentes de Alepo en contra de ambos bandos.

El informe señala que las fuerzas gubernamentales han atacado hospitales; que han usado gas cloro y bombas de racimo, ambos prohibidos a nivel internacional; que han arrestado a civiles mientras huyen y que han realizado ejecuciones sumarias en las que algunos soldados han matado a sus propios familiares.

Por otro lado, el informe encontró que los grupos rebeldes han bombardeado indiscriminadamente zonas civiles en manos del gobierno sin un objetivo militar específico, por lo que han asesinado a decenas de personas, incluidos mujeres y niños. En las zonas rebeldes, señala el informe, algunos grupos prohibían la evacuación de civiles y discriminaron la distribución de la comida durante un sitio, pues favorecieron a sus familiares y partidarios.

El informe también halló que la evacuación de civiles sitiados desde el este de Alepo, entonces en manos rebeldes, así como desde los pueblos Fouaa y Kfarya, controlados por el gobierno, constituye un crimen de guerra de desplazamiento forzado puesto que los habitantes no tuvieron opción y se les movió por “razones estratégicas” y no de seguridad.

Los investigadores de la ONU no encontraron evidencias de que Rusia haya usado armas químicas. Tampoco tuvieron pruebas suficientes para vincular directamente a las fuerzas rusas con los crímenes de guerra descritos en el informe.

Sin embargo, señalaron que una aeronave rusa se unió a la fuerza aérea siria en el uso de armas indiscriminadas en una campaña mortal que tuvo como objetivo hospitales, estaciones de distribución de agua, mercados y panaderías, y sugirieron una “indiferencia voluntaria” a las leyes internacionales sobre guerra.