Guatemala.- Centenares de guatemaltecos demandaron hoy la renuncia del presidente Jimmy Morales por supuestamente estar implicado en una financiación electoral ilícita y expresaron a una sola voz su respaldo al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.

“Se queda Iván y Thelma (la fiscal general) y Jimmy se va a la mierda”, corearon los manifestantes en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura.

“Guatemala con Iván, Jimmy y sus corruptos se van”, “Fuera payaso, el circo te pertenece”, “De presidente a delincuente, apoyamos a Iván y a Thelma (Aldana)” decían algunos de los escritos en las pancartas.

Virgilio Álvarez, uno de los primeros guatemaltecos que llegó a la manifestación pacífica, dijo a Efe que el presidente Morales debe renunciar por ser “un corrupto”.

“Fuera payaso ladrón”, decía el cartel de este trabajador hotelero, quien dijo que le “duelen las injusticias y las mentiras del presidente”.

La manifestación para exigir también que se levante la inmunidad al mandatario, la segunda en menos de tres días, fue convocada por grupos sociales, aunque la cantidad no fue la esperada.

“Guatemala necesita de políticos honestos, no más corrupción”, “Fuera corruptos” eran otros de los mensajes contenidos en las pancartas.

Un activista humanitario, Jorge Santos, comentó a Efe que un concierto religioso que se realiza en la Plaza de la Constitución podría ser la causa de la desmotivación de la movilización contra la corrupción.

Sin embargo, dijo que en la medida que continúen las protestas más guatemaltecos se van a sumar como ocurrió en 2015 con las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien renunció en septiembre de ese año tras ser desaforado por el Congreso.

El supuesto caso de corrupción en el que estaría implicado el mandatario, que en 2015 se presentó en la campaña electoral como “ni corrupto ni ladrón”, parece haber abierto una nueva crisis política en el país centroamericano, que ese año despertó contra la corruptela estatal que acabó con el gobierno de Pérez Molina.

Según la denuncia presentada por la Cicig y el Ministerio Público (MP), el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) del que Morales era su secretario general, recibió fondos para la campaña que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y eso se considera como una “financiación ilícita”.

Ese delito está penado por la legislación guatemalteca con cárcel de entre cuatro y doce años de cárcel inconmutables y una multa que va de los 200.000 a los 500.000 quetzales (27.510 a 68.775 dólares).

La solicitud del desafuero contra Morales ocurrió este viernes mientras el presidente se encontraba de viaje en Nueva York, donde se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien según el Gobierno trató temas relacionados con la migración, los refugiados y la erradicación de plantaciones de amapola, y el trabajo que realizan las agencias de las Naciones Unidas en el país.

Además, discutió sobre el trabajo que realiza la Cicig, un ente de la ONU que se estableció en 2007 en Guatemala, para contribuir a desarticular las estructuras clandestinas de seguridad.

La denuncia de Aldana de que el mandatario iba a pedir la destitución de Velásquez y la falta de una aclaración oficial abrió la puerta a una nueva crisis política. La Presidencia anunció que no será hasta este domingo por la noche cuando Morales de un mensaje a la nación.

Analistas políticos, entre ellos Raquel Zelaya, dijeron a periodistas que la solicitud de antejuicio contra el presidente representa grandes retos para la gobernabilidad del país.

Tanto Zelaya como la cúpula empresarial guatemalteca aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) hacen un llamado a la madurez y la cordura de los guatemaltecos.

El futuro de Morales, quien saltó a la palestra en 2015 en medio de las masivas protestas en las plazas de Guatemala contra la corrupción del Gobierno de Pérez Molina está en manos de la justicia, aunque la resolución final la debe adoptar el Congreso conforme a las recomendaciones de la Corte.

Pérez Molina se vio obligado a renunciar en septiembre de 2015 tras ser desaforado, luego fue capturado y ahora se encuentra en prisión preventiva y procesado por corrupción, al igual que su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien fue detenida en agosto de ese mismo año.

Esta es la segunda protesta de los guatemaltecos desde que esta semana se conoció la supuesta intención de separar a Velásquez al frente de la Cicig.