“En 1998 la Constructora Gipo, que ahorita ya desapareció, dejó la construcción de 150 casas, estaban en malas condiciones y sólo 40 acreditados ocuparon las viviendas, los otros 110 no aceptaron y en un principio estaban abandonadas, pero ahora están ocupadas por posesionarios, sin embargo a los beneficiarios se les ha seguido descontando hasta casi 150 mil pesos”, expuso César Cornejo, coordinador en Parras de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Son ahora los 110 propietarios los que exigen su dación en pagos para regresar las propiedades que nunca ocuparon y hacer uso real de su crédito.
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