Saltillo, Coah.- El ex Gobernador Humberto Moreira calificó como “falsas” las imputaciones que hizo Roberto Humberto Uribe Tapia, retomadas en un estudio de la Universidad de Texas, de entregar millones de dólares a funcionarios de su sexenio, dirigidos al entonces Gobernador, a cambio de protección para los Zetas en todo Coahuila.

En un comunicado, Moreira rechaza el contenido del informe dirigido por Ariel Dulitzky, el cual, afirma, lo pone en riesgo a él y a su familia.

“El informe publicado ayer atenta en forma grave, injusta y directa contra mi honor y el de mi familia, y la labor que ejercí como Gobernador del Estado de Coahuila hasta el 4 de enero de 2011, y lo que es más grave, contra la seguridad de mi familia, esposa, hijos y la mía propia”.

“Niego rotunda y categóricamente las falsas imputaciones que se me hacen por parte de la persona que la Clínica y su Director emplean como fuente: Rodrigo Humberto Uribe Tapia”.

Moreira afirma que Uribe Tapia carece de credibilidad, y en múltiples ocasiones ha desmentido sus dichos.

El ex Gobernador dijo que, al no aceptar su réplica, el informe que vincula su administración con los Zetas, queda descalificado.

“No llego a comprender el carácter sectario del informe en cuestión, cuyos autores no se han preocupado en aceptar la versión del que suscribe o haberme siquiera oído. Con ello la parcialidad es evidente y queda descalificado el informe mismo”.

Reclamó que, de igual manera, ni la Corte Penal Internacional ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen en sus manos un informe de delitos de lesa humanidad cometidos en su sexenio por policías estatales, han aceptado los comunicados a modo de aclaraciones que les ha enviado.

“Nadie, ni en representación de estas instituciones, ni a título personal, tuvo el mínimo interés en ponerse en contacto conmigo, ni siquiera para declinar mi ofrecimiento y mucho menos para contrastar las informaciones”.

“La intención de perjudicarme es clara, la de producir daños irreversibles en mi familia y persona también, y por ello me veo obligado a ejercer mi derecho, no solo a que se proteja mi honor e imagen, sino a poner en marcha las acciones necesarias de carácter civil y penal contra quienes, de forma reiterada, están socavando esos derechos, la seguridad de mi familia y la mía propia”.

Sostiene que el que acusa está obligado a probar.