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La acusación la hizo el entonces coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de esa entidad Jaime García Chávez, quien realizó un exhorto para profundizar en las investigaciones del asesinato de la profesora Sonia Madrid Bojórquez.
La maestra, secretaría de Promociones Económicas del mismo sindicato, descubrió el fraude en seguros y en aportaciones de las cuotas de profesores, realizadas a la empresa Aries Consultores, propiedad de Héctor Jesús Faudoa Villegas. La maestra fue asesinada el 27 de septiembre de 2005.
El punto de acuerdo del 19 de septiembre de 2007, que exigía esclarecer la participación del entonces líder de la Sección 42 del SNTE, fue aprobado por PRI, PAN y PT.
El 15 de diciembre de 2007, en una carta al Gobernador de Chihuahua, el legislador perredista sustentó sus sospechas al vincular a Ramírez Sánchez con los hechos. El inculpado señaló al crimen organizado como responsable del homicidio, cosa que desmintió la Procuraduría de Chihuahua.
El 23 de enero de 2006 fueron presentados tres hombres y una mujer como los presuntos ejecutores de la maestra. Entre ellos estaba Faudoa Villegas, presunto autor intelectual, quien pagó 170 mil pesos a los asesinos. Luego quedó libre al entregarse Manuel Ramírez García el 8 de enero de 2009.
Ramírez García dijo que recibió amenazas de muerte, que no le pagaron los 50 mil pesos acordados por el “trabajo” de matar a cuatro personas, y que quien le pagaría era un tal “Ramírez”, según publicaron diarios de Chihuahua este mismo año.
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