Saltillo.- A un año de que detalló el “modus operandi” con el que la administración del ex gobernador priísta Humberto Moreira adquirió ilegalmente deuda, y prometió denunciar la irregularidad, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila sigue sin llevar el delito ante la Procuraduría estatal.

El 30 de noviembre de 2011, tres meses después de que “Reforma” reveló la contratación irregular de pasivos, el auditor Armando Plata Sandoval informó sobre la cuenta pública de 2010, y señaló que, en un principio, se la entregaron falseada.

ANOMALÍAS

Entre 2008 y 2010, destacó en su reporte, el Gobierno de Coahuila contrató deuda de largo plazo por 24 mil 512 millones de pesos, de los que 18 mil millones se hicieron sin autorización del Congreso local, lo que es ilegal.

“(Esa) cifra resulta al comparar los 24 mil 512 millones de pesos contratados, contra los autorizados por el Congreso del Estado, 6 mil 503 millones de pesos”, señaló Plata Sandoval.

Otras irregularidades son que la cuenta pública no reportaba ni la entrada ni la salida de buena parte de la megadeuda.

Además, se acordaron pasivos de corto plazo, más allá de la duración permitida, que en ese tiempo era de seis meses; se adquirieron créditos que afectaban ejercicios de varios años, y no se informó a la Legislatura local del nivel real de las obligaciones financieras.

SIN DENUNCIAS

El 2 de diciembre, al mismo tiempo en que Humberto Moreira renunciaba a la dirigencia nacional del PRI en medio del escándalo por la megadeuda, el auditor superior del Estado informó que interpondría denuncias penales ante la entonces Fiscalía General del Estado por la entrega de cuenta pública incompleta y contratación de deuda de largo plazo, sin aval del Congreso. Sin embargo, no se han presentado.

El 5 de marzo, Plata Sandoval aseguró que ese mismo mes se interpondrían. “No pasa de marzo en que esté planteada la denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado”, dijo.

En mayo, el procurador Homero Ramos Gloria reconoció que la denuncia no se había interpuesto aún.

El 12 de agosto, Plata Sandoval dijo que aún faltaban elementos por recabar, que han demorado el proceso y la presentación de las denuncias.

“Realmente es complicado, es cuestión ya de trabajo de escritorio, sobre todo porque por un lado son las deficiencias de forma, y por otro lado el abatimiento del pliego de observaciones y empatar una cosa con otra se lleva un buen tiempo”, dijo en esa ocasión.

IMPLICADOS PRÓFUGOS

Actualmente no han sido detenidos los principales señalados por el caso.

El proceso administrativo sí inició ya, pero se trata de la continuación del que promovió la pasada administración estatal.

Jorge Verástegui Saucedo, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, informó que se busca determinar si hubo más posibles involucrados o algún procedimiento irregular fuera de los que ya fueron detectados y sancionados el año pasado durante la administración interina de Jorge Torres López.

Javier Villarreal Hernández, quien fuera secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador del SATEC, fueron inhabilitados por la entonces Secretaría de la Función Pública desde el pasado 30 de noviembre de 2011, último día de la anterior administración que concluyó el gobernador interino Jorge Torres López.

INHABILITADOS

Los presuntos responsables de contratar la megadeuda durante el sexenio del priísta Humberto Moreira estarán impedidos para ocupar un cargo en la administración pública estatal hasta el 29 de noviembre del 2021.

En agosto del año pasado, el Legislativo estatal, de mayoría priísta, “perdonó” las irregularidades al avalar una reestructuración de la deuda, que ascendió a 36 mil millones de pesos y que incluía créditos del gobernador interino Jorge Torres.

En 2005, cuando Humberto Moreira tomó la Gubernatura, la deuda de Coahuila era de 196 millones de pesos.

Amparos frenan los juicios a implicados

El juicio contra ex funcionarios estatales acusados de haber contratado deuda con documentos falsos está detenido, luego de que los señalados promovieron el amparo de la justicia federal.

Javier Villarreal Hernández y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex secretario ejecutivo y ex administrador general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), respectivamente, promovieron amparos en febrero contra las órdenes de aprehensión y reaprehensión dictadas por el juez segundo en materia Penal del fuero común.

En mayo, el juez primero de Distrito determinó que había elementos suficientes para procesar a Villarreal Hernández. Sin embargo, el ex tesorero pidió la revisión de la resolución ante un Tribunal Colegiado en material Penal y Administrativa, sin que se haya resuelto el caso.

Fuentes Flores espera la audiencia constitucional que está programada para el 3 de diciembre.

Ambos enfrentan cargos por falsificación de documentos y uso de los mismos, así como fraude equiparado en la modalidad de simulación de actos jurídicos. También están acusados otros cuatro ex funcionarios estatales.

La investigación surgió tras la denuncia interpuesta el 30 de junio de 2011 por diputados locales del PAN, cuatro meses antes de que la Auditoría revelara las irregularidades en la contratación de la deuda.

La PGR también inició una investigación, luego de que el PAN y el procurador fiscal de la Federación, Javier Láynez, interpusieran sendas denuncias.

En marzo se dictaron órdenes de aprehensión contra Villarreal y Fuentes, así como contra Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los funcionarios federales se encuentran ya en prisión desde hace nueve meses, en tanto que Villarreal y Fuentes siguen prófugos.

Reparte pruebas Humberto Moreira

Mientras que el Gobierno del Estado se ha negado a entregar un desglose obra por obra que compruebe el destino de la megadeuda adquirida durante el gobierno de Humberto Moreira, el ahora ex gobernador ha comenzado a “distribuirla”.

A través de una campaña que emprendió para “limpiar” su imagen, deslindándose de la contratación de más de 35 mil millones de pesos durante su gestión, en parte con documentos falsos, el también ex líder nacional del PRI comenzó a distribuir carpetas en las que presume se encuentra una explicación detallada de cómo se invirtieron los recursos.

El 25 de octubre, Moreira aseguró que en noviembre presentaría el desglose de las obras e inversiones, y la semana pasada inició una gira por diversos medios de comunicación, a los que habría entregado los documentos.

Sin embargo, por diversas instancias se ha solicitado acceso a la documentación detallada de los créditos del caso, reestructurados en septiembre de 2011, y se han negado.

En el Congreso, los diputados locales de Acción Nacional, tanto de la pasada legislatura como de la actual, han solicitado en diversas ocasiones documentos que comprueben el destino de la deuda, así como la comparecencia de funcionarios estatales, pero la bancada mayoritaria del PRI se ha negado a discutir las propuestas.