Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá entregar una nueva versión pública de una serie de documentos del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), de la escuela primaria pública Dr. Roberto Solís Quiroga para el periodo 2015-2017, en las que no podrá omitir el nombre de los padres y madres integrantes de dicho órgano.

Específicamente, la SEP deberá entregar al solicitante copia del Acta Constitutiva del Consejo Escolar de Participación Social para el periodo 2015-2017, de fecha 24 de agostos de 2015; así como el acta de la primera sesión de ese Consejo.

“Publicar estos datos abona a transparentar la gestión y planeación de los recursos otorgados a un centro escolar a través de programas gubernamentales como parte de una política pública educativa de largo alcance en la que el papel de los Consejos Escolares de Participación Social es generar confianza y seguridad en la comunidad educativa y la ciudadanía en general”, estableció el proyecto de resolución.

Un particular solicitó a la dependencia federal copia certificada del acta de conformación del Consejo Escolar de Participación Social, y sus respectivos comités, correspondientes al plantel Dr. Roberto Solís Quiroga, durante el ciclo escolar 2015-2016.

El sujeto obligado entregó los documentos, uno consistente en siete páginas y otro de nueve hojas, pero eliminó información relativa a nombres, correo electrónico, teléfono, escolaridad, género, nombre del hijo y grado que cursa el hijo de los padres de familia que son consejeros.

Derivado de ello, el solicitante impugnó la respuesta ante el INAI al manifestar su inconformidad con la clasificación como confidencial de la información relativa al nombre y cargo de los padres y madres Consejeros Escolares.

Aunque el particular reconoció como correcto que no se revelaran datos de la identificación oficial y otros datos personales, se inconformó porque la clasificación de confidencialidad para nombres no es aplicable, toda vez que la escuela recibió recursos federales en el marco del Programa Escuela de Calidad (PEC).

Uno de los beneficios del PEC consta de un apoyo financiero que se utiliza para capacitar a maestros, directivos y padres de familia; comprar materiales educativos, libros y equipos de cómputo; y mejoramiento de los espacios educativos, entre otras cuestiones.

Tras analizar el caso, el comisionado Joel Salas Suárez consideró que existe un interés público por conocer nombre de los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social porque toman decisiones sobre el destino de recursos públicos y porque la población está buscando información para entender los objetivos de la reforma educativa.

“El ejercicio de los recursos públicos no es un privilegio de unos cuántos ni debe servir a intereses particulares. En este caso, los recursos públicos deben ser utilizados para el beneficio de una comunidad entera de estudiantes”, destacó el comisionado.

Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la SEP y le ordenó entregar una nueva versión pública del Acta Constitutiva del CEPS para el periodo 2015-2017, así como el acta de la primera sesión, en las que no podrá omitir el nombre de los padres y madres integrantes de dicho Consejo.