Indemnizar a víctimas de lucha contra crimen

Saltillo, Coah.- Es inaceptable que con el pretexto de combatir a la delincuencia el Gobierno mexicano cause daño, “en ocasiones irreparable, a personas inocentes”, consideró el diputado federal Rubén Moreira Valdez, al presentar ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Con las modificaciones legales se pretende que reciban una indemnización económica los afectados por acciones que la Policía Federal el Ejército Mexicano realicen en la llamada guerra contra el crimen organizado, explicó el coordinador del grupo de diputados federales coahuilenses del PRI.

“No son daños colaterales, son otras víctimas de esta guerra que no tiene razón”, consideró el también coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Denunció que las acciones de policías y militares “se desarrollan de manera incontrolable, provocando zozobra y daños injustificables a la integridad física o mental de personas y a su patrimonio”, y aseguró que “son numerosos los casos documentados donde el Estado mexicano, a través de elementos policiales o de la fuerza armada permanente, agrede a personas y hasta familias enteras, sin más explicación que la realización de operativos secretos”.

Aseguró que en el combate a la delincuencia organizada “quienes van perdiendo la batalla son los mexicanos cuyos derechos humanos han sido gravemente lesionados, o aquellas víctimas inocentes que han perdido la vida en hechos que son resultado de la violencia”, la cual igual ha tomado como escenario las calles de diferentes ciudades, plazas públicas y hasta instituciones educativas.

Por lo anterior, el legislador priísta consideró “urgente” establecer en la ley “de manera expresa, clara e indudable, que el Estado mexicano es responsable de cubrir a las personas y a sus familias, las indemnizaciones que procedan ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policiacos o por los integrantes de la fuerza armada permanente”.

Insistió en que hoy en el país cada vez son más “las otras víctimas”, es decir, “personas ajenas al hecho delictivo que sufren daños patrimoniales o pierden la vida por la acción del Estado” y ante esta situación el Gobierno “debe asumir las consecuencias de su actividad y resarcir los daños y perjuicios que su actuar ocasiona”.

El planteamiento de Moreira fue secundado por integrantes de su grupo parlamentario y también por legisladores del PVEM, PT y PRD.

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