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México, D.F.- El gobierno federal puso en marcha hoy una serie de disposiciones normativas orientadas a evitar que la conducta de las autoridades dé lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad y de acciones que puedan derivar en impunidad e injusticia, entre las cuales destaca la emisión de una cartilla de derechos de los detenidos.

Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, detalló que por lo pronto dicha cartilla será entregada a todos los elementos de las policías Federal (PF) y Ministerial, así como a los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina-Armada de México, para que hagan saber sus derechos a los detenidos al momento de su detención o captura.

Las nuevas disposiciones legales surgen coincidentemente después del caso de la francesa Florence Cassez, quien tuvo que ser liberada al comprobarse que las autoridades policiacas –en este caso la desaparecida AFI que dirigía Genaro García Luna, a la postre titular de la SSP–, incurrieron en una serie de irregularidades en el debido proceso, como el montaje televisivo de su captura y la tardía puesta a disposición de la autoridad judicial.

En conferencia de prensa, el funcionario federal subrayó que “no es admisible, ni lo será durante este gobierno, que la conducta de las autoridades dé lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad; y mucho menos, aquellos que puedan derivar en impunidad e injusticia”.

Con base en dicha tesis, la Segob y la PGR acordaron llevar a cabo una revisión pormenorizada a los manuales de procedimientos y protocolos que actualmente son utilizados por las autoridades federales en materia de investigación y aprehensión de presuntos delincuentes.

El propósito de esta revisión es –dijo Sánchez Hernández– identificar aquellos vicios que pudieran constituir un obstáculo para la procuración y administración de justicia, así como para la protección de los derechos humanos.

Además, se supervisarán los manuales de procedimientos y protocolos en los que participa el Ministerio Público Federal –desde el inicio de la averiguación previa hasta la conclusión de los procesos penales en los que intervenga–, con el objeto de asegurar a los ciudadanos una eficaz y oportuna procuración de justicia.

De igual manera, dijo, se hará especial énfasis en implementar y desarrollar técnicas científicas de investigación con ese mismo propósito.

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación informó también que se giraron instrucciones a la Policía Federal, a la Sedena y a la Marina para que todos sus elementos reciban un curso de capacitación sobre los protocolos a seguir durante las detenciones o capturas y porten consigo una cartilla de derechos de los detenidos.

En dicha cartilla, la autoridad debe informar al detenido el motivo de su detención; que es considerado (a) inocente hasta que se le demuestre lo contrario; que tiene derecho a declarar o guardar silencio; que en caso de declarar puede no inculparse; que tiene derecho a un defensor de su elección; que puede contar con un traductor o intérprete; que tiene derecho a avisar a un familiar de su situación y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento; que tiene derecho a ser puesto(a), sin demora, a disposición de la autoridad competente, y que en caso de ser extranjero, puede dar parte al consulado de su país.

Según el funcionario de la Segob, en la nueva normatividad se prevé también acelerar la implementación, operación y ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal, en el cual participan policías, ministerios públicos, peritos, defensores y jueces.

Este sistema, acotó, contribuye a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona.

La delicada tarea de procuración de justicia debe realizarse con absoluta eficacia y estricto apego al marco jurídico que la regula. Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en el desempeño de sus obligaciones.