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ComentarLa dependencia aseveró que en aquellos casos en los cuales se presuma la violación de garantías individuales, se inician las averiguaciones para el deslinde de las responsabilidades correspondientes.
En ese periodo 89 quejas han derivado en recomendaciones de la CNDH a esa secretaría, lo que representa que sólo 1.53 por ciento de las quejas presentadas han resultado con responsabilidad avalada por el ente defensor de las garantías individuales.
La Sedena resaltó que aquellos casos en que se cometen actos contrarios a la disciplina militar, los involucrados son puestos a disposición del agente del Ministerio Público Militar Competente.
De ser encontrados probables responsables de los delitos que se les imputan, son consignados a los Tribunales de Justicia Militar, con el objetivo de que sean procesados conforme a derecho.
Además los acusados y afectados cuentan con los plazos y las garantías constitucionales del debido proceso, aplicando los términos legales que la Constitución y leyes secundarias establecen para el desahogo de las diligencias necesarias, puntualizó.
La secretaría indicó que tal es el caso de los hechos suscitados el 1 de julio de 2007 en las inmediaciones del poblado La Joya, municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde perdieron la vida cinco civiles y resultaron lesionados tres más.
Esto derivó en una de las recomendaciones antes citadas y en la cual el Segundo Consejo de Guerra Ordinario Permanente establecido en esa plaza, conoció y falló la conducta del personal procesado por tales hechos, el 28 de octubre, sentenciando al personal militar involucrado.
El oficial comandante responsable fue condenado a 40 años de prisión, se le destituyó del empleo e inhabilitó por 10 años para volver a pertenecer al Ejército.
Dicho militar fue condenado por los delitos de violencia contra las personas causando homicidio calificado, violencia contra las personas causando lesiones calificadas, daño en propiedad ajena y desobediencia.
A otro oficial se le sentenció a 38 años de prisión, fue destituido del empleo, se le inhabilitó por 10 años por los delitos de violencia contra las personas causando homicidio calificado y violencia contra las personas causando lesiones calificadas.
En tanto, 12 elementos de tropa fueron sentenciados a 16 años de prisión por los delitos de violencia contra las personas causando homicidio y violencia contra las personas causando lesiones; un oficial y dos de tropa se encuentran amparados, motivo por el cual serán juzgados hasta que se resuelva este medio de impugnación.
La Sedena indicó que el propio consejo de guerra determinó que dos elementos de tropa fueran absueltos, al no acreditarse su responsabilidad en los hechos citados.
Precisó que al tener conocimiento de lo ocurrido, la Secretaría de la Defensa Nacional determinó el resarcimiento de los daños ocasionados conforme a lo establecido por la ley respectiva.
“Pese a que los hechos se derivaron de un lamentable error, la justicia militar actuó de manera transparente e imparcial y con el rigor jurídico contemplado en el código de justicia castrense”, resaltó.
La dependencia refrendó su compromiso de que en todos los casos se proceda y se aplique la ley, ya que de ninguna manera se solaparán actos contrarios a las leyes y los reglamentos militares.
Además anunció que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y a solicitud de los gobiernos estatales, personal militar intensificó su actuación en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada.
La dependencia precisó que esta acción tiene el objetivo de preservar la seguridad de las familias mexicanas y coadyuvar con las autoridades en su responsabilidad de garantizar la tranquilidad de sus comunidades.
Indicó que esta labor convencida del Ejército Mexicano se ha realizado mediante el despliegue de 45 mil efectivos en todo el territorio nacional, siempre velando por el cumplimiento de la ley y la observancia de los derechos humanos.
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