Julio Sánchez Onofre | Ciudad de México.- Después de que el instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto divulgó una investigación que documentó el espionaje electrónico por parte del gobierno mexicano en contra de activistas y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, comenzaron a surgir más evidencias que apuntan a una mayor vigilancia de ciudadanos, con herramientas tecnológicas de uso exclusivo del gobierno.

“No tenemos duda que sea un modus operandi del gobierno; hay muchísimos (casos) que no sabíamos que había. En el espionaje hay una carrera tecnológica muy sofisticada y muy desbalanceada”, advirtió en entrevista Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC.

SocialTIC junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) fueron las organizaciones civiles que reunieron las evidencias sobre el espionaje electrónico de los activistas para ser analizadas en colaboración con el Citizen Lab. Las nuevas evidencias ya se encuentran en proceso de investigación.

“Estamos haciendo nuestros procesos de limpieza y búsqueda con los colegas del Citizen Lab para seguir documentando más casos de los cuales no podemos hablar en este momento”, reveló Casanueva.

Derivado de estas investigaciones en curso, el director de SocialTIC adelantó que se presentará un informe donde se documentarán los nuevos casos de espionaje que se tratan de vigilancia dirigida “porque es compra de licencias de malware para atacar blancos, y que son difíciles de detectar por un antivirus normal”.

El espionaje electrónico estatal sin control sobre activistas y periodistas, y el silencio e inacción ante las exigencias de una investigación por parte de las autoridades, fue precisamente uno de los motivos que orilló al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Secretariado Técnico Tripartita (STT) de la Alianza para el Gobierno Abierto a retirarse del proceso de colaboración con el gobierno mexicano.

De acuerdo con una investigación del Citizen Lab publicada en febrero, el gobierno mexicano utilizó la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización Al Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

Con mensajes cortos (SMS) señuelos sobre accidentes y muerte de familiares, supuestas pruebas sobre infidelidades y noticias falsas, el gobierno mexicano implantó software malicioso e intervino los dispositivos de científicos y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, con fines de espionaje.

En el 2016, Citizen Lab también evidenció que el periodista Rafael Cabrera fue víctima de vigilancia electrónica después de la publicación del reportaje de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en el 2014. Cabrera, uno de los periodistas a cargo de la investigación, fue blanco de ataques de malware que buscaban infectar su teléfono celular a través de SMS para intervenir sus comunicaciones.

Los expertos del Citizen Lab han advertido a El Economista que los hallazgos de febrero son sólo la punta del iceberg de las prácticas de vigilancia electrónica ilegal y desproporcionada que el gobierno ejerce en contra de la sociedad civil.

Lo cierto es que México ha sido un gran comprador de software de alta tecnología para espionaje y la vigilancia dirigida. Filtraciones de documentos publicadas en WikiLeaks evidenciaron al gobierno mexicano como el principal cliente a nivel mundial de la empresa Hacking Team, otra productora de herramientas para el espionaje electrónico.

En una investigación realizada por la organización civil R3D se encontró que sólo el 8.73% de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia entre el 2013 y el 2015 se ha ejercido acción penal, por lo que cerca del 90% de las personas que fueron objeto de vigilancia con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez. Los expertos concluyen que el Estado mexicano realiza una vigilancia ilegal y desproporcionada contra sus ciudadanos.

También se ha documentado que entidades como la Procuraduría General de la República (PGR) adquirieron las herramientas de NSO Group tras pagar 15 millones de dólares.

“La gran demanda (al gobierno mexicano) sigue siendo la misma: que nos digan exactamente cómo la usan, que haya garantías para que no se esté utilizando de manera ilegal”, señaló Casanueva.

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