Ciudad de México.- Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) incluir a Eduardo Bours Castelo y a Abel Murrieta Gutiérrez, exgobernador y exprocurador de Sonora, respectivamente, como imputados en la averiguación por el incendio en la guardería ABC.

Ello debido a su probable responsabilidad en los delitos contra la procuración de justicia, tras alterar ilícitamente el lugar de los hechos, así como por obstaculizar la investigación para favorecer a los culpables de la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó lesiones en un centenar más el 5 de junio de 2009.

En un comunicado, la organización Manos Unidas por Nuestros Niños informó sobre el dictamen del juez formulado el 23 de diciembre pasado.

La organización advierte que “ambos exfuncionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio, que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda estatal, y desviar la investigación hacia la guardería ABC, sus empleadas y propietarios”.

En respuesta, la PGR confirmó en un comunicado que “los días 30 de agosto y 3 de octubre de 2016 fueron presentadas dos denuncias de hechos por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y ejercicio indebido de servicio público, cometidos supuestamente durante la investigación realizada por la Procuraduría de Sonora” respecto del incendio suscitado en la guardería ABC de Hermosillo.

Es por ello que “el agente del Ministerio Público de la Federación, a cargo de las denuncias, determinó ejercer la facultad de abstención de investigar, en virtud de que los hechos denunciados fueron materia de proceso penal instruido por una autoridad judicial federal, el cual se encuentra sub júdice. Esto con fundamento en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Sin embargo, admite la dependencia, “los denunciantes recurrieron la citada determinación y, en el expediente de impugnación que fue resuelto por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se ordenó que el agente del Ministerio Público de la Federación inicie una investigación conforme a derecho”.

Tras la determinación del juzgador, la PGR sostiene que “realizará la investigación en los términos ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus atribuciones en forma expedita”.