Desde la muerte de los mineros en el fondo de un pozo de carbón, hasta el fraude más superficial como el de Neoskin y sus miles de clientes defraudados por depilaciones láser; la justicia no alcanza ni para los desaparecidos, ni a los caídos bajo las balas de la policía, ni de los criminales.

En Coahuila, desde las violaciones en el Bar Pérsico, las minas de carbón e incluso los fraudes tan evidentes que persisten en edificios inutilizables dejan ese sabor a impunidad, el mismo que perciben los cientos y miles de víctimas del delito.

Dicen que la justicia es ciega y la representa la figura de una mujer con una venda en los ojos y una balanza en las manos. Con ello, se indicaría que para su justa aplicación, la ley no hace distingos entre ricos y pobres, entre razas o nacionalidades, significaría pues, una dotación de equidad y que con el mismo rasero se mide a todos los ciudadanos.

Sin embargo, lo único equitativo en esa balanza es que todos podemos ser pesados en alguno de sus lados y ocupar indistintamente el lugar de víctimas o victimarios y que a final de cuentas la ley nos castigará a ambos.

Las Q1 son las víctimas del sistema, la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila utiliza esta clave para referirse a las víctimas de las autoridades, en lo que va del año, con más de 42 recomendaciones, más los abusos hacia quienes no denuncian, son una cifra que pesa en una estructura social que no puede garantizar que siquiera la autoridad cumpla con su papel.

61 niños abusados sexualmente dentro y fuera de su propio hogar, la violación a un adulto en su círculo familiar y nueve fuera de él, más 12 familias afectadas por el homicidio de algún familiar directo, es el saldo que deja 2011, un año en que la violencia se ha exacerbado y la aplicación de la justicia, aun con un detenido de por medio, no alcanza para remediar la pérdida.

A la par del aumento de la delincuencia, crece una población afectada, doblemente victimizada, con rencor hacia la justicia que no llega y hacia el infractor que la colocó en ese lado de la balanza.

Hay de víctimas a víctimas

Bajo la misma ley y la misma lupa vendada de la justicia, se juzga diferente.
En noviembre de 2008, el policía José Ventura Moreno hizo disparos a un vehículo en donde se encontraba Fernando Juárez Mejía de 3 años. El niño murió a consecuencia de una bala en su espalda. El policía municipal José Ventura Moreno se encuentra encarcelado y la familia no recibió indemnización alguna.

En octubre del año pasado, en medio de un operativo, policías estatales dispararon contra el vehículo en que se encontraban tres miembros de la familia Siller Galindo, quienes recibieron múltiples impactos de bala; en su caso ninguno de los policías que disparó se encuentra en la cárcel y la familia recibió una indemnización de 360 mil pesos.

En lo que va del año, ante el Ministerio Público se han presentado un total de 32 mil 500 denuncias de enero a agosto de este año, desde delitos graves hasta el robo común. De ellas, aproximadamente 9 mil 500 han recibido la llamada justicia restaurativa (indemnización) y sólo poco más de un millar la atención especializada hacia víctimas del delito.

La naturaleza del crimen, señala el director de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía de Justicia del Estado Ricardo Turrubiartes, hace que sean sólo los delitos de mayor impacto los que se atiendan profesionalmente a través del programa de atención a víctimas, desde el extravío de personas hasta el homicidio, pasando por los casos de abuso sexual cuyas heridas mentales tardan años en sanar.

En tanto para la directora del Centro de Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Fiscalía, Diana Marisol Flores Rivera, la justicia restaurativa ya está en marcha con más de 9 mil asuntos resueltos, aun sin necesidad de llegar a sanciones penales. Esto en un sistema que privilegia la reparación del daño, comunicación de la víctima y victimario y la resolución extrajudicial del conflicto.

Para el presidente del Foro de Abogados José Luis Garay, la impresión de que la ley llega tarde y aún más para las víctimas, no está alejada de la realidad. En especial cuando el camino para que una víctima obtenga una reparación del daño es largo, tortuoso y complicado.

La ley está dellado del infractor

Para el abogado José Luis Garay, la justicia restaurativa, es decir aquella que se ocupa de que las víctimas del delito sean compensadas por el daño que recibieron, apenas está en marcha, por lo que quienes sufren de un acto criminal simplemente siguen sin recibir justicia y los infractores que pretenden subsanar el daño, aún se enfrentan a que además de pagarle a la víctima tienen que solventar una sanción doble y pagar una multa ante la Fiscalía.

“Para acogerme a su beneficio y aparte reparar el daño al ofendido, se me cobra una multa que desde nuestro punto de vista es una doble carga para el inculpado que se desea someter a ese sistema, señala el abogado. El inculpado a veces tendrá dinero para pagar la reparación del daño, pero si no tiene para la multa no puede acogerse a ese beneficio”.

“Todas aquellas personas que optan por ese sistema pagan una multa que va a un fondo que maneja la Fiscalía a discreción, pero que puede establecerse para darle atención a lo que es la reparación del daño a las víctimas, y la Fiscalía cuenta con un departamento muy completo de atención a las víctimas que tiene un buen número de personal y se encuentran bien pagados, deben de funcionar correctamente”.

Y aunque acepta que bajo este sistema penal se privilegia la reparación del daño, si el inculpado no desea someterse a la justicia restaurativa tiene que seguirse la averiguación previa, un juicio penal y aun con la sentencia en sus manos la víctima tiene que hacerla líquida ante un juez.

“Puede ser que a la persona que le robaron su patrimonio de 10 o 15 mil pesos, el inculpado se acoge a un beneficio para no compurgar la sanción en prisión y no paga la reparación del daño porque la víctima no sabe cómo hacerla efectiva o no la hizo en su momento.

“Entonces hay una situación en la que el ofendido, a pesar de que el infractor esté condenado o preso, a él no le regresan lo que le robó o no le cubrieron lo que le defraudó.

“Dentro del proceso penal hay muchas partes donde el ofendido puede recibir la reparación del daño a través de convenios, someterse a la justicia restaurativa, sí hay las oportunidades para hacerlo, pero a lo mejor, como se tarda, deja de ser noticia y no se sabe en realidad lo que pasó, pero en algunas ocasiones sí se obtiene una reparación del daño.

“En la mayoría de las ocasiones, el camino para que una víctima obtenga una reparación del daño es largo, tortuoso y complicado y la víctima pierde por desesperación, acudir casi a diario a los juzgados o a largas audiencias, y difícilmente se le da una satisfacción a su daño.

“Como se tiene actualmente la ley, el camino para la reparación del daño es demasiado largo y difícil si el inculpado no está dispuesto a repararlo.
Por otra parte, se castiga la pobreza del inculpado y el pobre es el que está en prisión, aun así, le damos más importancia a los derechos del victimario que a la víctima, y más ventajas si no cumples a que si cumples con la ley, incluso en cosas tan sencillas como en el pago de impuestos, se premia al incumplido eliminando los recargos y a quien paga a tiempo no recibe nada”.

La justicia alterna

Para Diana Marisol Flores Rivera, directora del Centro de Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Fiscalía de Justicia del Estado, la justicia restaurativa es una nueva filosofía que pretende un sistema de justicia penal más humano y restaurador, donde lo primordial sea atender a las víctimas.

Actualmente, el sistema penal mexicano es retributivo, en donde al Estado, lo que le importa es qué norma se violó y cuánto le vas a pagar a la persona que ofendiste o le cometiste el delito; la justicia restaurativa ve cuánto dañaste a la víctima, no tanto las normas que violaste, atiende a las personas donde realmente como víctima te sientas restaurada por una disculpa, un perdón o el monto de la reparación del daño, incluso mediante un encuentro con el ofensor sepas qué pasó y él el impacto que te causó.

Luego se confunde a la justicia restaurativa con la mediación y la conciliación, pero únicamente son medios alternos para resolver el conflicto para llegar a la justicia restaurativa con encuentro, comunicación, perdón entre las partes, pero también la reparación del daño, claro está, en lo posible.

En la justicia restaurativa se acogen 120 tipos de delito, principalmente los relacionados con lesiones, daños, fraudes, abuso de confianza, incumplimiento de las obligaciones básicas, robo simple y homicidios culposos.

“Los que no entran son los delitos graves como las violaciones, los homicidios dolosos, los cometidos por funcionarios públicos, delitos electorales y la violencia intrafamiliar, ya que según los tratados internacionales se prohíbe llevar a cabo una mediación cuando se deje en desventaja a una de las partes tratándose de violencia doméstica.

“En los delitos que no son graves –explica– las personas pueden evitar juicios prolongados, que no tengan que esperar uno o dos años para que se integre la averiguación, sino que haya un fácil acceso a la justicia para que la reparación o restauración sea más rápida, económica y humana; y que el Ministerio Público se enfoque en los delitos graves”.

Sin embargo, aunque la justicia restaurativa o alterna privilegia la mediación y conciliación no deja desprotegida a la víctima, pues para concluir una averiguación mediante la justicia restaurativa se tiene que pagar el daño y la multa impuesta por el Ministerio Público, es decir, que queda a salvo el ejercicio de la acción penal si el infractor no cumple con su parte.

En tanto, el Ministerio Público puede decidir entre una sanción económica, o un sustitutivo de multa entre trabajo a favor de la comunidad, recibir una terapia o tratamiento o la obligación de tener un empleo.

Pero en sí, considera Diana Marisol Flores Rivera, la justicia restaurativa no tendría que ir de la mano de una multa, por lo que se espera una reforma legal que dé marcha atrás a ello para que sean más las personas que puedan gozar de este medio alterno de solución de conflictos.

Aunque la mediación no es la resolución de todos los conflictos, al menos de lo que nosotros manejamos sí porque tenemos 30 días para atender las necesidades de las personas, si requiere de varias sesiones se cuenta la historia y se va a la raíz del problema, en especial tratándose de casos donde los involucrados son cercanos y lo que en realidad se quiere es resolver una situación y no enviar a un pariente a la cárcel, incluso tratándose de muertes culposas en accidentes.
“Cuando ambas partes deciden someterse a un procedimiento se llega a un acuerdo, se ratifica al Ministerio Público con cláusulas específicas de cuándo, cómo y dónde se va a pagar, si una de las partes incumple el Ministerio Público tiene la obligación de seguir integrando la averiguación.

Los medios alternos, considera la abogada, son la antesala de los juicios orales.

¿Cómo acceder a la justicia restaurativa?

Al presentar una denuncia ante el Ministerio Público, éste le ofrece la posibilidad de acogerse a la justicia restaurativa explicándose de qué se trata y sus ventajas.

Se envía oficio de canalización hacia el centro de mediación y se inicia el procedimiento sin necesidad de acreditar testigos u otra clase de pruebas, basta con que el inculpado o infractor desee someterse a este proceso en lugar de enfrentar una sanción penal.

Camino complicado

En noviembre de 2008, al implantarse la nueva Ley de Procuración de Justicia, aparece por primera vez el concepto de justicia restaurativa en la legislación del estado, un concepto que permite resolver el conflicto derivado de la comisión de un delito, con la intervención de facilitadores o mediadores a través de un instituto de mediación.

En enero de 2009, luego de capacitarlos se designan los llamados mediadores penales, pero ante la fusión que crea la Fiscalía General de Justicia en marzo del 2009 el instituto de mediación se convierte en Centro de Medios Alternos y de Resolución de Conflictos.

En julio de 2009 se inaugura el centro y empieza a funcionar con 25 mediadores penales y 18 asistentes administrativos en el estado.
A la fecha se han resuelto 9 mil 500 casos por esta vía.

LAS INJUSTICIAS…

La madre de las injusticias: Pasta de Conchos

La minería es, quizás, la mayor de las injusticias en Coahuila y si no, al menos la que ha cobrado más víctimas fatales y la que menos ha logrado llevar a prisión a los responsables. Para ejemplo, basta el caso de Pasta de Conchos donde a más de cinco años del accidente en que murieron y quedaron sepultados 65 mineros, ni se logró rescatar sus cuerpos ni hay un solo responsable en prisión.

Sin embargo los 11 implicados directos en el caso de homicidio culposo tomaron rumbos diferentes, menos el de liquidar su deuda con la justicia; Pedro Camarillo Adame, aun cuando no ha vuelto al servicio público, aunque su inhabilitación sólo fue por un año, preside una organización civil denominada Integración Gremial A.C., que asesora técnicamente a instancias del Gobierno Federal en Chihuahua, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el sector agropecuario.Cuatro de los funcionarios hallados responsables de no inspeccionar adecuadamente las minas y no dar seguimiento a los resultados también fueron inhabilitados durante un año. De los cinco empleados de Minera México señalados como presuntos responsables de homicidio culposo, ninguno se encuentra en prisión, pues se ampararon contra la orden de aprehensión. En suma, Luis Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico de la delegación; Rogelio Fernando Aguirre, jefe de la oficina regional; los inspectores Jesús Reynaldo Menchaca Medina y Mario Alberto Fraga Zamarrón fueron sancionados por la Función Pública, en tanto Teresa Melchor Paz, subdirectora delegacional de Inspección fue exonerada.

Los cinco funcionarios de IMMSA que enfrentaron órdenes de captura, giradas por el juez penal de Sabinas, Coahuila, Sergio Tamez Moreno, Rubén Escudero Chávez, gerente general de IMMSA; los superintendentes Sergio Rico Pérez y Fermín González Bermea, así como los encargados del departamento de seguridad de la mina, Antonio Campos González y Emilio Rodríguez Díaz.

Bar ‘Pérsico’, Mar de Impunidad

Hace cinco años, antes de la escalada de violencia que atrajo a centenares de tropas a Coahuila para combatir al crimen organizado, en la madrugada del 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar “El Golfo Pérsico” en Castaños, Coahuila, fueron asaltadas sexualmente en medio de una violación tumultuaria a manos de 20 militares.

El caso Castaños aún no concluye, los inculpados y las víctimas esperan el fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por quienes recibieron condenas por la violación tumultuaria, sólo tres de los violadores están en la cárcel y el subteniente, el militar de mayor rango que participó en la violación de nombre Francisco Vargas, es prófugo de la justicia.

De los 20 militares que llegaron al centro nocturno “El Golfo Pérsico” se logró la captura de ocho elementos, pero sólo cuatro recibieron condenas, las cuales fueron reducidas a menos de la mitad e incluso fueron absueltos definitivamente.
Aun así Castaños es el primer caso en América Latina donde se castiga a miembros del Ejército en tribunales civiles.

Neoskin: con el fraude en la piel

Apenas hace unas semanas, fue detenido el administrador financiero de este negocio Javier Garza Martínez, acusado de defraudar por alrededor de 20 millones de dólares a 20 mil personas, 450 clientes defraudados por Neoskin en Saltillo.

Mismos que suman daños por un millón 250 mil pesos y aunque el fraude tuvo alcances a nivel nacional y hay personas encarceladas, los perjudicados no verán nada por las afectaciones recibidas.

Tras ser presentado ante el juez encargado del caso, Javier Garza recibió auto de formal prisión y fue recluido en Almoloya de Juárez, luego de mantenerse prófugo de la justicia por más de dos años trasladándose a Estados Unidos.
El detenido tendrá que responder a las aproximadamente 23 mil 730 quejas existentes en su contra en agravio de clientes, empleados, franquiciatarios y proveedores del consorcio dedicado a la depilación láser.

Sección 38, los cimientos de un fraude

En tanto la dirigencia de la Sección 38 despacha en dos viejos edificios de la Zona Centro de la ciudad, su sede inaugurada en 2007 sigue abandonada; las fallas estructurales la hacen inutilizable y peligrosa para el personal que sólo tiene acceso a una zona de oficinas y eventualmente a los auditorios ubicados en las plantas bajas del complejo de tres edificios.

La Secretaría General del organismo encabezada por Carlos Moreira Valdés opera desde la calle Acuña.Como se recordará, el edificio fue inaugurado por el ex dirigente de la Sección 38, Alejandro Campos, el 18 de diciembre de 2007, sin que estuviera terminado; a consecuencia de ello, aquél no fue ocupado y las oficinas siguieron en sus lugares de siempre. Meses después inició la mudanza que a la fecha sigue inconclusa.El edificio en cuestión carga también con el estigma de que fue un gasto inútil e indebido, ya que se tomaron recursos del Fondo de Vivienda para su construcción, sin embargo, no hay ni responsable ni una investigación en curso sobre lo que ocurrió con los más de 28 mil metros cuadrados de construcción y los 80 millones de pesos invertidos.