Ciudad de México.- Las tareas en materia de seguridad desnaturalizaron la función del Ejército, advirtió ayer el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Por lo que aseguró ser el primero en alzar “las dos manos” para regresar a los cuarteles y dejar el combate al crimen a las autoridades civiles.

El general reclamó de manera enérgica la falta de apoyo por parte de legisladores y otros sectores en las operaciones que realizan los soldados en materia de seguridad pública.

“¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en alzar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales; nosotros no pedimos estar ahí (en las calles), no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí, con ustedes, estudiamos para perseguir delincuentes”, protestó.

El militar reprochó que los legisladores no definan en la ley su tarea en las operaciones de seguridad, que los estados no hayan reestructurado a sus Policías en 10 años, que no existan apoyos –como presupuesto– para sus labores, y para colmo, que el nuevo sistema de justicia penal no funcione como debería para tener a los verdaderos delincuentes en la cárcel.

Reproche directo

“¿Qué quieren que hagamos? No hay una definición, las directivas que se nos dan es que las unidades hagan acto de presencia, pero eso no es nada, hasta dónde, con qué fuerza.

“Les recuerdo el fatal incidente que tuvimos en Culiacán, les dispararon a los soldados con ametralladoras calibre .50, que son armas para la guerra y las traen los delincuentes, pero si nosotros vamos con esas armas en las calles es otra la idea que damos y otra la opinión que tiene la gente de su Ejército.

“Necesitamos que el Congreso, particularmente el Senado, quien tiene que definir las tareas de las Fuerzas Armadas, que nos diga con precisión qué quieren que hagamos, porque estamos en la incertidumbre, no hay nada, las Fuerzas Armadas podemos tener 10, 30, 40 o 50 años, todos los días a atender a la sociedad y el día que nos resbalamos nos pasa lo que al equilibrista y sin red, nos caemos y hasta ahí llegamos”, advirtió.

‘Que hagan su tarea’

Ante representantes de medios de comunicación, dijo que el personal castrense necesita un marco jurídico como respaldo en sus operaciones, para no ser señalados por las acciones propias que se requieren para la seguridad.

“Nos encantaría que esto ya se hubiera solucionado, nos encantaría que las fuerzas de la Policía hicieran su tarea, para lo que están, para lo que se les paga, pero que no lo hacen; nos encantaría ver esfuerzos decididos donde se establezcan fechas fatales para que las Policías hagan su trabajo”, dijo.

Para Cienfuegos, el marco jurídico exigido va a regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y “cuando sea necesario”.

Añadió que una vez definido ese criterio, los tres Poderes deberán decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en qué lugar y por cuánto tiempo.

Riesgo de dictadura

En el país se corre el riesgo de despertar un día y descubrir que se vive en una dictadura militar, luego de que dos iniciativas de ley que pretenden dar facultades extraordinarias al Ejército en tareas de seguridad pública avanzan en el Congreso.

Esto, sin contar con otras dos iniciativas discutidas durante este año, las cuales han contribuido a crear un marco jurídico que poco a poco va generando condiciones para la instauración de un régimen dictatorial en el país.

Así lo aseguran académicos y organizaciones de derechos humanos que ven con preocupación la manera en que una iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, y otra presentada por el PRI, firmada por el coordinador de la bancada César Camacho Quiroz, plantean darle facultades a las Fuerzas Armadas para perseguir e investigar delitos sin que existan controles civiles de por medio.

Una situación de enormes repercusiones políticas, ante la posibilidad que se abre para instaurar en México un régimen político de corte autoritario, con rasgos típicos de una dictadura militar.
Ambas iniciativas de ley, tanto la del PRI como la del PAN, fundamentan la necesidad de otorgarle más facultades a los militares como garantes de la seguridad interna del país.

Estados lo piden

Pablo Escudero dijo que no es momento para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, tal como lo solicitó el secretario Salvador Cienfuegos.

De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, la Sedena debe actuar con sensibilidad frente a la demanda de los gobernadores que han solicitado a los militares apoyar en tareas de seguridad pública.

“Si ustedes se fijan qué hicieron los primeros gobernadores que han rendido protesta pues es justamente solicitar el apoyo militar y el apoyo de los marinos”.

Escudero coincidió con Cienfuegos en la necesidad de brindar certeza jurídica para la actuación de los militares.

El senador consideró la declaración de Cienfuegos como una llamada de atención al Poder Legislativo para que trabajen en “las reformas legales que les den certidumbre”.

Pendientes

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló ayer un serie de pendientes en materia de seguridad y reformas estructurales.

En una reunión privada del Consejo Directivo del organismo, pidieron un marco legal adecuado para la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Otro tema que, dijeron, les preocupa y ocupa, es el estatus de la iniciativa de Mando Único que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, que plantea la desaparición de las policías municipales.

“Es un asignatura pendiente de gran relevancia”, indicaron.

Estrategia de cuidado

Salvador Cienfuegos se ha caracterizado por ser un secretario bastante mediático, en parte por las crisis a las que se ha enfrentado como cabeza del Ejército mexicano: Ayotzinapa, Tlatlaya, el video donde miembros de las Fuerzas Armadas torturan a dos detenidos.

En muchas ocasiones, el papel del secretario ha sido “presentar disculpas“ por los “hechos aislados” para, al mismo tiempo, reafirmar que la función del Ejército es central en la vida democrática.

Sin embargo, al mismo tiempo ha declarado, igualmente por entrevistas o discursos, su rechazo total a la investigación de “sus soldados” por parte de la PGR o la CNDH; se rehusa, también, a hacer más transparente la institución a su cargo y ha dado señales de su agenda para fortalecer al Ejército. (Con información de Reforma)

Ejecuciones en Tlatlaya

“¡Ya nos cayeron los contras!”, gritaron los hombres armados que estaban dentro de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, después de escuchar detonaciones de arma de fuego del Ejército.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 cuerpos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos castrenses.

Fue entonces que la CNDH emitió la recomendación 51/2014 para la Sedena, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso Tlatlaya.

En ella,detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del pasado 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos.

Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”, según la CNDH.

La madrugada del 30 de junio, ocho militares del 102 Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2.

En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas.

Fue el sargento segundo de Infantería quien se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y, además, tres vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas, según testimonios de habitantes de San Pedro Limón.

La inacción en Iguala

De acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, los militares no sabían lo que haría la Policía de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, el día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin importar las reformas al Código de Justicia Militar, las sanciones y recomendaciones internacionales, ni la exigencia constante de activistas para que haya justicia, las autoridades militares aún se niegan a colaborar en casos de violaciones a Derechos Humanos en los que estén implicados elementos castrenses.

Casi desde su llegada a México en noviembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que investiga el caso Ayotzinapa– pidió entrevistar a integrantes del 27 batallón de Infantería de Iguala, por la información que pudieran aportar sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

En septiembre de 2015, el GIEI reveló en su primer informe que el Ejército vigiló a los jóvenes desde que salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa para actividades de “boteo” y toma de autobuses.

Testigos señalaron la presencia de agentes de inteligencia militar en la calle Galeana y el Palacio de Justicia, donde habrían estado los normalistas; además que el Ejército visitó la comisaría de Barandilla, donde habrían sido llevados normalistas detenidos, y luego la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina, donde se habían refugiado sobrevivientes y uno de los heridos de gravedad.

El Ejército también resguardó la escena del crimen en la que se hallaron los cuerpos de dos normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte tras un segundo ataque. Luego, otra patrulla militar resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón antes de que llegaran las autoridades civiles, informó el GIEI. La PGR mostró por escrito las declaraciones ministeriales de 11 militares del 27 batallón, pero en estas se omitieron las preguntas y se borró parte de las respuestas.

Jorge Mercado, en espera de justicia

Jorge Antonio Mercado Alonso, joven saltillense que cursaba estudios de Maestría en el Tec de Monterrey campus Monterrey, fue “confundido” por efectivos del Ejército que perseguían a presuntos delincuentes en las inmediaciones de la institución, y fue abatido.

Era marzo de 2010, en el momento más álgido de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, Nuevo León sufría una estela de violencia inuscitada. El cuerpo del estudiante egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo, junto al de su compañero Javier Francisco Arredondo, quedó tendido en la calle y señalado como responsable de agredir a efectivos militares. La escena sería alterada para que así pareciera.

La CNDH documentó que la escena del crimen fue manipulada y a los jóvenes les sembraron armas.

En marzo de este año, a seis años del error cometido por militares, Rosa Elvia Mercado Alonso, madre del estudiante, señaló: “Queremos que se haga justicia, eso es lo que queremos. Ya no pedimos, sino exigimos justicia, y exigimos que nos atiendan las autoridades, porque no nos quieren ni contestar el teléfono ni darnos cita”.