Madrid, España.- Una española recibió una multa de 800 euros (14 mil 500 pesos mexicanos), en aplicación de una nueva y controvertida ley, por haber difundido en Internet la fotografía de un vehículo de policía aparcado en una plaza reservada para minusválidos.

Esta vecina de Petrel, una pequeña localidad situada unos 40 kilómetros de Alicante, en el sureste del país, había divulgado la imagen del coche de la policía municial en su cuenta de Facebook, afirmando que los agentes habían estacionado donde se les antojó sin ser sancionados.

Según una web de actualidad local, Petreraldia.com, “la fotografía no duró ni un día en la red, fue borrada al día siguiente de publicarse, pero ha sido suficiente para que fuera denunciado por el artículo 36.23 de la nueva ley como una falta grave”.

Un responsable de la policía de Petrel, Fermín Bonet, contactado este miércoles por la agencia de noticias AFP, explicó que los dos agentes habían aparcado en dicho lugar porque “era necesario intervenir rápidamente” en “un parque municipal (…) porque unos jóvenes estaban rompiendo un estanque”.

“Es perfectamente legal y creo que los agentes actuaron correctamente”, agregó.

“Los agentes son los que han interpuesto la denuncia, entendieron que la imagen del cuerpo de policía quedaba lesionada, afectada”, precisó.

“No es porque aparecía la matrícula del vehículo en la foto, no es por el lenguaje empleado por la señora, es por el fondo de lo que se dice: que la policía aparcó donde quiso sin motivo, no es cierto”, añadió.

Bonet estima sin embargo que incluso antes de la entrada en vigor de esta nueva ley los agentes también podrían haber denunciado a la mujer.

La denominada “ley de seguridad ciudadana”, en vigor desde el 1 de julio y rebautizada como “ley mordaza” por sus detractores, fue objeto de numerosas protestas por parte de oenegés como Amnistía Internacional, además de asociaciones de abogados o periodistas.

Prevé multas de hasta 600 mil euros para ciertas manifestaciones o actos de protesta no autorizados, y de hasta 30 mil euros por desórdenes públicos o por obstruir acciones de las autoridades como expulsiones de familias desalojadas.

También castiga la difusión de imágenes de la policía sin autorización.

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