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Los resultados de esta investigación desmienten lo dicho por el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien aseguró que no existía una sola evidencia de que recursos ilícitos del narcotráfico hayan sido inyectados en las campañas para los comicios federales del 5 de julio
La Segob y la PGR tienen información de que al menos 16 candidatos que formarían parte de los 500 diputados federales de la próxima Legislatura tienen vínculos con el crimen organizado.
Además, que en 160 de los 300 distritos electorales federales hubo financiamiento ilícito, aunque la información de las dependencias detalla que éste no necesariamente proviene del crimen organizado, sino en su mayoría se trata de aportaciones irregulares, o bien que los recursos sobrepasaron los topes de campaña establecidos.
Fuentes de alto rango de ambas dependencias federales confirmaron a Excélsior la información obtenida y señalaron que forma parte de un análisis de los perfiles y las relaciones personales de los candidatos que este domingo contenderán por uno de los mil 508 cargos de elección popular en disputa.
Según la información, entre quienes podrían ser legisladores y están ligados de distintas maneras con delincuentes, hay militantes de PAN, PRI, PRD y PVEM.
Aunque no fue posible obtener la identidad de los 16 aspirantes a diputados que según la Segob y la PGR están ligados a las mafias, sí se supo que éstos son originarios de Sonora, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros.
LAS REVELACIONES DEL ANÁLISIS
Desde hace meses, analistas de la Segob y la PGR, por separado, realizaron un cruce de información de todos los candidatos y lograron identificar a aquellos con relaciones políticas, económicas o comerciales que terminaban amalgamándose con los principales jefes de las bandas delincuenciales más relevantes en México.
Esta revelación ocurre a tres días de que esas 16 personas pudieran ser elegidas y, una vez en la Cámara de Diputados, obtendrían fuero, lo que en el futuro haría difícil que la justicia las llame a cuentas.
Desde el 22 de diciembre pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el proyecto para garantizar el blindaje electoral a las campañas políticas, jornada que concluye el próximo domingo con la elección.
El documento se firmó el 14 de enero pasado. En la sesión del Instituto, el proyecto fue aceptado por todos los partidos.
A mediados de enero, el acuerdo que tuvieron los partidos políticos y el IFE fue que cónyuges y familiares hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que las personas “políticamente expuestas” mantengan vínculos patrimoniales, podrán ser sujetos de fiscalización durante las campañas electorales de diputados federales.
El acuerdo establecía que la Unidad de Fiscalización del IFE se encargaría de juntar las listas de personas “políticamente expuestas”, de proveedores y mecenas de los partidos políticos, para remitirlas a las autoridades hacendarias.
Así, la Unidad de Fiscalización del IFE remitiría a su contraparte de Inteligencia Financiera de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los nombres de todos los colaboradores y montos de sus aportaciones.
HECHO ANTES NEGADO
El hecho de que las autoridades federales conozcan que un grupo de personas relacionadas con el crimen organizado se convertirán en diputados federales, se da no obstante que el mismo consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, hace unos 20 días aseguró que no existía una sola evidencia de que recursos ilícitos del narcotráfico hayan sido inyectados en las campañas para los comicios federales del 5 de julio.
Según Valdés, el IFE hace una fiscalización más proactiva, que quiere decir que la autoridad electoral no espera a que los partidos les lleven los informes.
“Salimos a campo a hacer citas aleatorias y sorpresivas para conocer lo que está sucediendo en las campañas y, hasta el día de hoy, no hemos encontrado ningún indicio de que se estén dando recursos ilícitos a las campañas”, sostuvo Valdés ante representantes de los medios internacionales acreditados en México.
Una de las fuentes de las dependencias federales que proporcionó la información de esta nueva bancada en San Lázaro, señaló que el análisis de los perfiles y las relaciones personales de los candidatos que realizaron, tiene como base la información que se manejó desde las oficinas de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con cooperación de algunas instancias del Gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo referente a cuentas bancarias y propiedades.
De cumplirse las proyecciones y análisis de las dos dependencias federales, habrá quedado en evidencia que de nada sirvió que el pasado 22 de abril, la comisión política del PDR haya entregado a la PGR la lista de sus candidatos a puestos de elección popular para una revisión, porque en todo caso, este partido tiene algún candidato en esta lista negra.
Jesús Ortega, líder nacional perredista tuvo una reunión privada con el procurador Eduardo Medina Mora y, al terminar, el dirigente partidista informó que la dependencia federal se haría cargo de una revisión de la lista.
“No de una investigación policiaca, desde luego, de una revisión sobre la base de información que tiene la Procuraduría General de la República, nos entregará a la dirección nacional del partido, el resultado de esta revisión”, dijo entonces Ortega.
Hace ocho días, el ex secretario de Gobernación y actual candidato del PAN a diputado federal por el Distrito X de Zapopan, Francisco Ramírez Acuña, aseguró que el narcotráfico no ha tratado de cooptar a su partido y que tampoco sabe que algún candidato del blanquiazul, PRI o PRD hayan acusado amenazas del crimen organizado.
ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN INVESTIGA
En Excélsior se han dado a conocer casos de aspirantes en Chihuahua, Nuevo León y Michoacán que serían investigados por posibles vínculos con el crimen organizado. Las pesquisas las llevarían a cabo tanto autoridades mexicanas como estadounidenses.
Desde febrero se conoció la noticia de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) analizaría el perfil de los candidatos a diputados federales.
Desde antes de la inscripción formal de los aspirantes a legisladores, el Cisen tuvo información de que grupos del crimen organizado tenía injerencia sobre varios candidatos, sobre todo los que tienen presencia en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
En las indagaciones de la Segob y la PGR también se cruzó información de los investigados con autoridades de Estados Unidos, según las fuentes consultadas.
La información de Segob y PGR, recopilada durante meses, arrojó datos para que las autoridades federales estén en conocimiento de que distintos grupos criminales aportaron dinero a las campañas de decenas de candidatos.
MEDIDAS AL RESPECTO
»A mediados de enero de 2009, el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos acordaron fiscalizar a familiares de los candidatos y empresas en las que participen las personas “políticamente expuestas”, y que el IFE lo reportara a las oficinas de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
» Desde septiembre de 2008, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, ya consideraba la posibilidad de realizar convenios con la Secretaría de Hacienda y la PGR para evitar que el dinero del crimen organizado permeara las campañas políticas, firma que se concretó con la SHCP, en tres partes, entre diciembre y febrero pasados.
» El artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del IFE lo faculta para que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda vigile a los personajes enlistados como “personas políticamente expuestas”, inclusive si ya no ostentan el cargo.
» Valdés Zurita confió entonces en que “los partidos políticos realizarán esfuerzos en la materia para impedir que a sus candidatos les llegue dinero del narcotráfico”.
» Para noviembre, la lista de autoridades involucradas aumento, al integrarse la CNBV y el SAT. El 22 de diciembre pasado, los partidos se comprometieron a garantizar “la honorabilidad de sus candidatos”.
» En la pasada reforma electoral también se modificó la ley para que el IFE no tenga la restricción del secreto bancario y pueda solicitar investigaciones a las cuentas de donantes, de partidos y proveedores.
» En concepto de “persona políticamente expuesta” incluye a tesoreros locales y nacionales, los precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular, los coordinadores de campañas, entre otros. Los partidos se comprometieron a entregar las listas a las autoridades señaladas.
» A finales de febrero, el IFE firmó un convenio con la Fepade, en el que se obliga a otorgar las listas de los personajes políticamente expuestos, mientras que el Instituto podrá acceder a información de averiguaciones previas de la Fepade.
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