Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, afirmó que a pesar de que actualmente existe un marco jurídico para prevenir y sancionar la trata, este delito continúa siendo el tercer negocio ilícito más lucrativo, sólo superado por el tráfico de drogas y armas.

Destacó que en el país, de acuerdo a cifras oficiales, este problema afecta principalmente a niñas y niños. “Las estimaciones más conservadoras señalan que entre 16 mil y 20 mil infantes son víctimas de esclavitud sexual”.

Refirió que según reportes de otros estudios se calcula que la cifra de menores sujetos a explotación sexual en México ascienden a 70 mil niñas y niños; de los cuales 50 mil se ubican en zonas fronterizas y 20 mil más en el resto de la República.

El también coordinador del grupo parlamentario del PRD detalló que el 55 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. “Estamos ante un delito creciente derivado de la corrupción, la impunidad y el fenómeno migratorio cada vez mayor”.

Agregó que entre las dificultades que tiene el Estado mexicano para detener esta problemática está la poca o nula identificación de las víctimas, sumado a la ausencia de mecanismos de registro y su debido seguimiento hacen casi imposible tener cifras más exactas de este fenómeno.

Recordó que México es actualmente país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, “debido a la situación geográfica que presenta y porque es paso obligado de los migrantes que desean llegar a los Estados unidos”.

El líder parlamentario manifestó que ante este panorama, los diputados deben continuar impulsando acciones que reviertan la actual situación.

“Se requiere de fortalecer a las instituciones, blindar con un marco jurídico aún más eficaz a las víctimas, promover el trabajo conjunto de diversas dependencias y, sobre todo, eliminar cualquier hecho de corrupción e impunidad”.

En ese sentido, Martínez Neri aseguró que desde el Congreso los legisladores del PRD continuarán presentando modificaciones a las normas legales que previenen y sancionan este tipo de delitos, “a fin de revertir tan deplorable situación”.