Ciudad de México.- La diputación perredista, reiteró que la aprobación de la minuta de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debe ser una prioridad para el próximo periodo ordinario de sesiones que se iniciará en septiembre.

En una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con Jan Jarab, y Ariel Dulitzky, especialistas en Derechos Humanos, su coordinador , Francisco Martínez Neri, enfatizó la importancia de la aprobación de esta ley antes de que se inicie el próximo proceso electoral y se aborde el paquete económico para 2018.

Martínez Neri indicó que la primera exigencia del grupo parlamentario del PRD al iniciar el periodo será la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada. “Vamos a priorizar, como parte de nuestra agenda legislativa que esta ley se apruebe a más tardar el 26 de septiembre, muy a propósito del Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas instituido por esta legislatura y a tres años de los terribles hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.

Sostuvo que no hay divergencias importantes entre los grupos parlamentarios como para no desahogar esta pieza legislativa, por el contrario, de aprobarse México se colocaría en una posición muy importante en la escala internacional.

Agradeció el apoyo y la preocupación de los especialistas en Derechos Humanos. “Es de suma importancia cuando de manera personal acuden a platicar con los coordinadores parlamentarios y los diputados que tienen que ver con temas relacionados con derechos humanos. La Ley General de Desaparición Forzada debe ser aprobada y debe entrar en vigor lo antes posible para beneficio de las víctimas y todos los que han sido afectados por esta grave problemática que debemos erradicar” concluyó.

Finalmente indicó que esta ley se debe aprobar ante la “severa crisis de violación a los derechos humanos en México. Entre las cuales, la desaparición forzada está en señal de alerta, desde hace muchos años. Lo mínimo que nosotros podemos hacer para contribuir desde la Cámara de Diputados, a que estas condiciones cambien, es dar productos legislativos, que nos permitan fortalecer nuestro marco legal para sancionar a los culpables, para generar mecanismos de apoyo a las víctimas.