Monterrey.- Una Juez de Control dictó auto de no vinculación para dos ex funcionarios de la Tesorería que fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción de celebrar un contrato indebido para dar publicidad en favor de la imagen del Gobierno de Rodrigo Medina, por 67.5 millones de pesos.

A la 1:30 horas de hoy martes la Jueza Aida Aracely Reyes terminó de dar lectura de su resolución en favor de Néstor Antonio Armstrong Montemayor, ex director de Adquisición y Servicios Generales, y Ramiro Ayala Maldonado, ex director jurídico de la Subsecretaría de Administración de la Tesorería estatal.

En su fallo afirmó que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Armstrong Montemayor sí tenía facultades legales para hacer una excepción para celebrar un contrato de algún servicio con asignación directa con empresas.

Por lo que era incorrecta la interpretación que hizo la Fiscalía de la Ley en algo que no era aplicable al contrato que se celebró con la empresa Limón Publicistas en servicios de medio de comunicación para la planeación y difusión de comunicación política para el éxito del Gobierno del Estado e imagen gubernamental.

La Juez determinó que con la aplicación de la ley que pretendía hacer la Fiscalía, no existen datos de prueba suficientes en contra de los dos investigados, por lo que les dictó auto de no vinculación a proceso.

Manifestó que el Ministerio Público puede continuar investigado los hechos para obtener datos de prueba del delito de ejercicio indebido de funciones y volver a acusar.

Antes de que la Jueza tomará un receso de casi tres horas para resolver la situación legal de los dos ex servidores públicos, la defensa y la Fiscal tuvieron un debate de unas cuatro horas sosteniendo sus argumentos sobre la legalidad de la adjudicación directa del contrato de publicidad.

Jorge Domene, ex Vocero de Seguridad, como ex coordinador de comunicación, por estos mismos hechos, anteriormente, fue vinculado a proceso por ser quien solicitó los servicios y ser uno de los que firmó el contrato junto con Armstrong Montemayor y Ayala Maldonado.

La Fiscalía estableció que el 17 de mayo del 2013, que los dos ex funcionarios de la Tesorería celebraron indebidamente un contrato para promover acciones del Gobierno del Estado por un monto de 67 millones 580 mil pesos, de los cuales se pagaron 39 millones 416 mil 800 pesos, según un dictamen de una auditoría.