Durante su ponencia en el seminario “El Combate al Lavado de Dinero” organizado por el Senado, Carstens, señaló que esta actividad erosiona el Estado de derecho y la seguridad jurídica, lo que impide el buen funcionamiento de la economía.
Agregó que el lavado de dinero afecta la legitimidad del Estado, “porque se pone en riesgo la funcionalidad de éste al permitir que las organizaciones criminales usurpen sus prerrogativas, tales como el cobro de contribuciones y de seguridad pública”.
Además, dijo, el lavado genera violencia e inseguridad en las personas respecto de su integridad física y patrimonial, propicia incertidumbre y puede sesgar, desalentar o incluso cancelar la toma de decisiones de índole económico.
“Erosiona también la confianza de los inversionistas en el mercado, ya que aumenta la probabilidad de que incurra en otros delitos en contra de sus propios sus clientes”.
El ex secretario de Hacienda advirtió que el tamaño de las ganancias por actividades ilícitas puede dar a los delincuentes poder dominante en los mercados financieros, distorsionando el sistema de precios y la asignación recursos.
En ese sentido, el senador panista Ricardo García Cervantes sostuvo que el Poder Legislativo tiene una la responsabilidad de dotar a México de una ley que ataque de forma decisiva al crimen organizado.
Por su parte, el también panista Alejandro González Alcocer, aseguró que actualmente hay rispidez en la sociedad cuando se toman medidas que afectan actividades económicas por la restricción de dólares en efectivo como sucede actualmente, dijo, en Baja California.
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