Bonn, Alemania.- El acuerdo sobre cambio climático adoptado por 195 países en diciembre de 2015 en París y ratificado de momento por 169, fija metas globales a la lucha contra el cambio climático sin imponer objetivos a cada país.

Los objetivo

El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura “muy por debajo de los 2ºC” respecto a la era preindustrial y “de seguir esforzándose por limitar este aumento a 1,5ºC”, aunque muchos expertos dudan de que se pueda lograr.

2 o 1,5°C son objetivos muy ambiciosos, dado el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que presentarán un informe en 2018, estiman que es necesario reducir las emisiones entre 40% y 70% entre 2010 y 2050 para permanecer por debajo de los 2°C.

El acuerdo no especifica metas obligatorias a cada país, como sí lo hace el protocolo de Kioto. Cada cual se fija a sí mismo sus propios objetivos de reducción de emisiones para 2025 o 2030.

El calendario

Los planes de acción nacionales evitarían los cataclísmicos +4/5°C previsibles en ausencia de políticas climáticas, pero colocarían al planeta en una situación sumamente peligrosa con +3°C.

De ahí la necesidad de revisar estos compromisos, para colmar la diferencia entre 1,5/2°C y 3°C, que corresponden a impactos muy diferentes.

Se prevé un balance en 2018 de forma voluntaria: las oenegés presionan para que un máximo de países cumplan y revisen al alza sus ambiciones a partir de 2020, sobre todo tomando en cuenta que las tecnologías “verdes” serán más accesibles.

En el acuerdo, la primera revisión obligatoria está prevista para 2025, fecha muy tardía para poder respetar la meta de los 2ºC.

Los países también deben comunicar para 2020 su estrategia de desarrollo para la emisión de baja cantidad de dióxido de carbono para 2050.

Verificación de los compromisos

El acuerdo de París prevé que los países rindan cuentas de las acciones programadas y de sus resultados. Es necesaria cierta flexibilidad para algunos países, en particular los más pobres.

Más allá de este principio general, quedan por determinar las reglas precisas de transparencia. ¿Qué informaciones deben incluirse en los planes nacionales y con qué grado de detalles?

La transparencia también se aplica a la ayuda financiera, y los países desarrollados deben comunicar “cada dos años” medidas adoptadas para ayudar a los países en desarrollo.

Los países tienen hasta la COP24, prevista del 3 al 14 de diciembre en Katowice (Polonia) para ponerse de acuerdo sobre estos puntos.

Ayuda a los más pobres

En 2009, los países ricos habían prometido que su ayuda aumentaría hasta alcanzar a los 100 mil millones de dólares en 2020, para financiar infraestructuras energéticas limpias y adaptarse al impacto negativo del calentamiento global.

El texto de París establece que los 100 mil millones de dólares son apenas un mínimo anual y que se fijará un nuevo objetivo para 2025.

Una hoja de ruta publicada en octubre de 2016 por la OCDE y unos cuarenta países estima que sobre la base de los compromisos anunciados, la ayuda alcanzaría a 67 mil millones anuales en 2020 (gobiernos, bancos de desarrollo y otras instituciones).

En función de los efectos de estímulo a la inversión privada, los financiamientos pasarían de 77 mil a 133 mil millones de dólares en 2020.

El acuerdo de París prevé un reequilibrio entre las ayudas a la reducción de las emisiones, muy mayoritarias, y la adaptación al impacto del calentamiento. Según la OCDE, sólo un 16% de la ayuda financiera se destina actualmente a la adaptación.

La suma de 100 mil millones puede compararse con los 3 mil a 4 mil millones de dólares necesarios, según New Climate Economy, para asegurar una transición hacia economías de bajo nivel de carbono, lo cual sólo podrá lograrse a través de una reorientación masiva de las finanzas.