Ciudad de México.- Son al menos 10 exgobernadores, en su mayoría del PRI, quienes han sido detenidos durante la actual Administración federal y hay otros cuatro bajo investigación y uno más prófugo de la justicia, por el delito de desvío de recursos públicos, que en conjunto suman más de 206 mil 923 millones 246 mil pesos.

Pese a los procesos judiciales llevados a cabo en contra de los exmandatarios, el destino de tales recursos es incierto, mientras sus entidades presentan un déficit y deuda pública enorme.

Organismos no gubernamentales, de la sociedad civil e investigadores en materia de transparencia exigen y reclaman a la Federación la recuperación del dinero y traerlo de vuelta a las arcas del Estado.

“El primer responsable es el Estado porque son instancias (como la PGR y la Secretaría de la Función Pública) a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo”, si las autoridades fallaron tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad”, afirmó Paulina Gutiérrez, directora del Centro de Investigación Ciudadano.

La ruta de ese dinero nos guía a empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y en el extranjero, el cual impunemente permanece en los bolsillos de los servidores públicos y en el de sus familias.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y, en caso de no recuperar el dinero, “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso”, agregó.

Gutiérrez Jiménez, directora del organismo interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.

En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescataron tras un convenio con dos empresas fantasma 421 millones de pesos desviados del erario público por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y lo devolvieron a la Tesorería de la entidad.

“Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables”, afirma la Ley.

Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales, de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.

LA LISTA NEGRA

De acuerdo con las propias autoridades judiciales, entre los 10 exgobernadores capturados por desvío del erario público, alcanzan la nada despreciable cifra de 178 mil 577 millones 500 mil pesos.

Son los casos de los priistas Andrés Granier Melo de Tabasco (2 mil 600 millones de pesos); Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García de Michoacán (3 mil 759 millones de pesos); Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos de Veracruz (35 mil millones de pesos); Roberto Borge Angulo de Quintana Roo (5 mil millones de pesos), Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández de Tamaulipas (130 mil 865 millones de pesos).

Los panistas Guillermo Padrés Elías de Sonora (762 millones de pesos) y Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes (115 millones 800 mil pesos).

Hay cuatro exmandatarios bajo investigación y otro más fugado, que suman otros 28 mil 345 millones 746 mil pesos propiedad de los mexicanos y desviados durante sus gestiones locales.

Esta lista la conforman el priista Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León (3 mil 128 millones de pesos); el perredista Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca (15 mil millones de pesos); el priista César Duarte Jáquez de Chihuahua (10 mil millones de pesos); los coahuilenses Jorge Torres López (51 millones 946 mil pesos) y el ahora expriista Humberto Moreira Valdés (50 mil millones de pesos).

EL CUENTO NO ACABA

En sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos, pero sólo 16 fueron investigados y de estos cinco fueron procesados.

A nivel municipal, en el Centro Ciudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán. En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la ley y permea la opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.

CUBRIRÍA PÉRDIDAS DEL SISMO

La Federación ha anunciado apoyos económicos para la reconstrucción tras los sismos ocurridos en septiembre que derrumbaron viviendas, carreteras y puentes en entidades del centro y sur del país.

Ese monto no tendría que salir de los bolsillos de las víctimas y ni siquiera del Gobierno federal, si la corrupción e impunidad que prevalece en México fuera atacada frontalmente.

Los más de 206 mil millones de pesos de recursos públicos desviados por los 15 exgobernadores, se podrían regalar más de 103 mil casas a las víctimas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y la capital del país, con un valor de 2 millones de pesos cada una.

En tanto, con los 347 mil millones de pesos que cuesta la corrupción a nivel nacional, se ampliaría la red carretera en 104 mil kilómetros a lo largo de toda la República Méxicana.

Recuperan desvíos de Duarte

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que han recuperado diversas propiedades y 722.4 millones de pesos en efectivo, producto de los desvíos de Javier Duarte y sus cómplices, monto que será destinado a salud y seguridad pública.

Yunes detalló que además de los recursos recuperados figura el aseguramiento de dos ranchos, uno en Edomex y otro en Fortín; tres casas, una en Tlacotalpan y dos en Boca del Río; un local comercial en Torre Ánimas, Xalapa, y 15 lotes en distintas partes de Veracruz. Además del decomiso de un helicóptero Robinson 66 y un avión Lear Jet 45XR. (Reforma)

Formal prisión a Eugenio

Un juez de Tamaulipas dictó formal prisión a Eugenio Hernández por peculado y lavado de dinero en la supuesta adquisición con prestanombres de terrenos a precios subvaluados y que hoy tienen un valor de mil 584 millones de pesos.

Juan Manuel Cortes, juez Segundo Penal en Ciudad Victoria, determinó que la Fiscalía Anticorrupción presentó los elementos suficientes para procesarlo.

Jorge Olvera, defensor de Hernández, dijo que recurrirán a una demanda de amparo. Hernández permanecerá por tiempo indefinido en prisión, descartando el proceso de extradición de Estados Unidos que la PGR dictó inejercicio. (Reforma)

Absuelto Reynoso Femat

El exgobernador de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat, salió avante en dos procesos judiciales más que tenía en su contra, luego de que la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado lo absolvió.

Fue revocada la sentencia condenatoria por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado, cometidos en agravio de la Administración Pública y al entonces Instituto de Vivienda Social del Estado. Al no quedar acreditados los delitos anteriores, el tribunal absolvió al político panista, quien tiene pendientes dos procesos judiciales más que enfrenta con amparos y el pago de fianzas. (Reforma)