Proceso | México, DF.- El secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado. Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada frena ese delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y extranjeras, deja ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos delincuenciales.

Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que desde 2008 se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su trayecto a Estados Unidos, los indocumentados son objeto de innumerables vejaciones por parte de organizaciones criminales.

El padre Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, advierte que los criminales suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a trabajar para ellos. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados, según los cuales los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.

Entrevistado vía telefónica la víspera de la marcha contra de los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos y mexicanos son tomados como “desechables”.

El infierno

Los plagios de migrantes comenzaron a denunciarse hace dos años. Al principio los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.

Según los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos, algunos jóvenes llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al Ejército o la policía, ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para sicarios, mejor se olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar.

Los migrantes, insiste el entrevistado, “están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan o incluso fuera del país.

“No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos información de que un par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala. Los asesinos se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente. Imagínese lo que estarán haciendo en otros lados del país”.

La única esperanza

Encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue Hermanos en el Camino, el padre Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a estos “nuevos esclavos” del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque les den una sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.

Tras mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es Veracruz el territorio donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales están secuestrando a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.

“Esto sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz. Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros lados para que trabajen para sicarios, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias presentadas en las que incluso están involucradas autoridades locales”, relata Solalinde.

–Usted ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros sacerdotes le han comentado sobre ese tema –se le pregunta.

–Sí. A los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y los desaparecen; son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes de San Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que habían matado (a sus compañeros) por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas. Seguramente eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México.

Secuestros y territorios

En un comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda caravana Paso a Paso por la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros de migrantes en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen organizado.

“Lamentablemente, en estos estados, la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada, el espejismo de una democracia fallida. Es en estas tierras en las que ocurren los secuestros masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen organizado”.

En su documento, señalan que el estado “pionero” de esta situación es Veracruz, que se ha convertido en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra del flujo migratorio en tránsito por sus localidades.

Estos asesinos reclutadores, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de los migrantes cuya penuria obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados en la deshonra del Gobierno mexicano.

“La masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10 mil secuestros cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica han pagado el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que abruma al país”.

Exponen que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la paz constituye un esfuerzo por frenar y difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de migrantes en tránsito por México; e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los secuestros y reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.

Por ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un riesgo necesario porque el Gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:

“No hay información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos con el crimen organizado –dicen–, salvo un agente municipal y algunos centroamericanos. Sin embargo, nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizada ni contra los funcionarios que han permitido el secuestro”.