El titular del Instituto, Alonso Lujambio, advirtió que dicha coordinación de asesores está constituida como un grupo de apoyo directo al secretario de Seguridad Pública federal.
Entre las facultades del funcionario, dijo, está la de definir las políticas de seguridad pública en el ámbito federal, los objetivos, estrategias y acciones para someterlas a consideración del Presidente de la República.
Esas medidas deben garantizar la congruencia de la política criminal, aprobar el sistema destinado a obtener, analizar y estudiar procesos de información para prevenir el delito.
Esta coordinación de asesores, agregó, se allega de un gran volumen de información, por lo que es previsible que estos elementos no realizan actividades operativas, pero tienen encomendadas actividades sustantivas.
Éstas pueden abarcar desde el intercambio de puntos de vista, hasta información de alternativas estratégicas y análisis de costo-beneficio de diversos escenarios.
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