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De acuerdo con las reformas al artículo 347 Bis del Código Penal del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del DF el 27 de junio pasado, quien posea o use un documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular que no sea entregada por un centro autorizado será acreedor a una pena de tres a nueve años de prisión.
Adicional a la pena privativa de la libertad quien se ubique en este supuesto jurídico también será castigado con una sanción económica que podría alcanzar los 297 mil 500 pesos de multa.
Cada semestre, en la Ciudad de México se comercializa en el mercado alrededor de 12 mil hologramas de verificación vehicular que son robados de centros de verificación capitalinos.
Sergio Zirath, director de Programas de Transporte Sustentable y Fuentes Móviles de la Secretaría de Medio Ambiente del DF, explicó que los candados de seguridad que se implementan en los hologramas de verificación son tan sofisticados que la falsificación de estos documentos es prácticamente nula.
“Del 2001 a la fecha no hemos tenido un solo caso de hologramas falsos, porque los cambios que se hacen cada seis meses hacen muy complicada su falsificación”, dijo el funcionario capitalino.
Zirath aseguró en entrevista con Excélsior que el problema que enfrentan las autoridades con este tipo de documentos oficiales es que los roban de los Centros de Verificación Vehicular y luego se comercializan en el mercado ilegal.
“Aproximadamente se roban alrededor de 12 mil hologramas o 12 mil documentos cada semestre, de aproximadamente dos millones 600 mil hologramas que cada semestre vendemos, aunque el índice de robo es muy bajo, son 12 mil documentos que se pueden vender en el mercado negro”, dijo el directivo de la SMA.
El funcionario capitalino explicó que el modus operandi para robar hologramas consiste en asaltos directos a los centros de verificación en los que se llegan a sustraer alrededor de 300 hologramas en verificentros con cajas fuertes y hasta mil 500 en los que no cuentan este tipo de medidas de seguridad.
“Generalmente son personas que van directamente por hologramas porque de acuerdo con las denuncias no se roban el dinero y van directo por los hologramas que venden en el mercado negro”, dijo el directivo de la secretaría del Medio Ambiente.
Sergio Zirath indicó que de acuerdo con la experiencia que ha tenido con este tipo de casos, una persona puede adquirir un holograma y certificado falsos por 400 o 500 pesos en el mercado negro.
Zirath consideró que el verdadero riesgo de este tipo de actos ilícitos es que cualquier persona puede ser engañada por un tercero y verse involucrada en una situación con consecuencias jurídicas.
“El ciudadano confía plenamente en un mecánico o preverificador, de los que están afuera de los centros de verificación, le dan el vehículo para que lo lleven a verificar o lo arreglen y luego lo lleven a verificar y compran un documento robado y el propietario no lo sabe”, explicó el funcionario capitalino.
Esa cantidad de hologramas ilegales que se ofrecen en el mercado criminal es equivalente a la posibilidad de que cualquier persona, sin actuar de mala fe, pudiera ser condenada a pasar hasta nueve años en prisión.
Seguridad, en riesgo
Héctor López Bello, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana aseguró que la reforma a ese artículo pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier capitalino al no distinguir entre propietario y poseedor ni determinar el elemento de la mala fe.
“A mí me puede prestar mi primo su coche sin que yo sepa que ese auto trae hologramas apócrifos y por el simple hecho de estar manejando ese coche yo ya estoy cayendo en este tipo penal, ahora prácticamente todos vamos a ser presuntos culpables de la posesión de un vehículo que no tenga un holograma auténtico”, detalló el jurista.
López Bello agregó que cada vez que un policía, autorizado para hacerlo, detenga a un ciudadano y se compruebe que el vehículo porta un documento ilegal, la persona que lo conduzca será remitida al Ministerio Público.
Un capitalino que sea detenido y remitido por este delito, por lo menos podría pasar hasta 72 horas recluido mientras la autoridad determina si el delito se cometió con conocimiento o no.
Para el jurista el riesgo de ser víctima de una reforma como la realizada al artículo 347 Bis radica en que una persona que no cuente con los recursos económicos para solventar los gastos de un abogado podría ir a la cárcel sin ser culpable.
“Tenemos potencialmente un peligro para la ciudadanía y más porque el Gobierno del Distrito Federal no ha hecho ningún tipo de campaña para orientar a la población y de preparar a sus cuerpos policiacos para que conozcan este tipo de reformas.”
López Bello advirtió que este tipo de legislación también puede ser un aliciente para que algunos policías abusen: “Porque ahora el policía en lugar de estar cumpliendo con sus obligaciones, estará pendiente de si el coche trae o no un holograma.”
Sin embargo, el abogado penalista explicó que este tipo de sanciones puede incurrir en una violación al artículo 16 constitucional que estipula que nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones sin un mandamiento judicial previo.
“Un amparo sería de inmediato procedente”, dijo el académico.
Detalló que las penas que se imponen en el artículo 347 Bis se equiparan a las que se aplican en caso de un homicidio imprudencial.
“Estamos hablando de que por un homicidio culposo también llega a tener cuatro años de prisión, es casi tan malo matar a una persona como sacar el coche del verificentro en este supuesto”, dijo el abogado penalista.
López Bello explicó que en materia ambiental es equiparable, pues la afectación no es contra la vida de una persona, sino contra todos.
Un problema de escritura
La inconstitucionalidad del artículo 347 Bis del Código Penal del Distrito Federal es producto de una falta de precisión en la redacción de la norma.
Héctor López Bello, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, indicó que el riesgo jurídico que implica la sanción contemplada en dicho artículo se debe a la carencia del elemento de que implique voluntad para realizar un acto ilícito.
“Si el legislador hubiera puesto “de mala fe”, es decir que sabiendo y conociendo que se está cometiendo un acto ilícito aún así se sigue haciendo, porque aquí incluso el poseedor de buena fe se sanciona con la misma severidad que el de mala fe”, detalló el penalista.
López Bello consideró que la intención del legislador no era poner en riesgo la seguridad jurídica de los capitalinos, sin embargo, la falta de un lenguaje claro en la redacción del texto generó incluso un problema de constitucionalidad.
“Las buenas intenciones hay que defenderlas con un lenguaje jurídico que se utilice responda de manera efectiva a la auténtica necesidad jurídica que se está tratando de utilizar”, dijo el académico de la UP.
Engomados infalsificables
Los hologramas y certificados que comprueban que un vehículo realizó una verificación en un centro de control medioambiental autorizado son 100 por ciento seguros y su falsificación es prácticamente imposible.
Las calcomanías tienen una forma que se les denomina “suaje” que cambia cada semestre con el objetivo de que el holograma sea fácil de identificar en un vehículo por parte de las autoridades y para dificultar su reproducción ilegal.
Cada holograma cuenta con microtextos que delimitan el perímetro de la calcomanía que también cambian cada seis meses, tanto en forma como en secuencia de caracteres.
“Son elementos holográficos que se suman a las leyendas y gráficos como el escudo de armas de la Ciudad de México, el Ángel representativo de la ciudad de esta administración, el gráfico de la Secretaría de Medio Ambiente y el que identifica la Ciudad con Equidad”, detalló Sergio Zirath, director de Programas de Transporte Sustentable y Fuentes Móviles de la Secretaría de Medio Ambiente del DF.
Las medidas de seguridad de los hologramas también contemplan un código de barras foliado que corresponde al número de identificación del certificado de verificación en el que se anotan las placas del vehículo que es verificado.
El funcionario capitalino agregó que el holograma también cuenta con medidas de seguridad para evitar que sea despegado de un vehículo y reutilizado en otro.
“Son unos pequeños cortes que tiene el holograma, de tal forma que cuando alguien trata de despegarlo se quiebra y tiene otro sistema adicional denominado tamper proof que cuando se desprende se quedan fragmentos del sistema holográfico en el parabrisas del vehículo”, indicó Zirath en entrevista.
Los certificados de verificación también cuentan con elementos de seguridad similares a los de un billete y están elaborados con papel de seguridad de 90 gramos.
La Secretaría de Medio Ambiente del DF, a través de los verificentros entrega a los capitalinos 150 mil hologramas doble cero, y dos millones 500 mil hologramas de cada tipo “Cero” y “Dos” al año.
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